Si la idea del Gobierno era darle un tono electoral al relanzamiento del plan de Cobertura Universal de la Salud (CUS) deberá ahora revisar su estrategia.

En la primera reunión para definir la implementación del proyecto, los dos representantes de la CGT le solicitaron ayer al ministro de Salud, Jorge Lemus, un plazo de por lo menos 20 días para evaluar la letra chica del acuerdo con el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social. No es que los gremialistas tengan dudas, sino que quieren evitar que la iniciativa se utilice como una propuesta más de la campaña electoral del oficialismo.

La CUS es un ambicioso plan que les permitiría a unos 15 millones de personas que carecen actualmente de servicio médico recibir atención en el sistema público o en las obras sociales sindicales. Lo novedoso es su financiamiento: unos $ 8000 millones serán retenidos a las obras sociales sindicales del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores de sus salarios.

El proyecto se puso recién ayer en marcha a pesar de que el presidente Mauricio Macri lo había anunciado oficialmente el 2 de agosto de 2016. Dilataron su campanazo de largada las tensiones que guiaron desde entonces hasta la actualidad el vínculo entre la Casa Rosada y la CGT.

El acuerdo es hoy viable a partir de la tregua que sellaron la semana pasada la cúpula de la CGT con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. La nueva etapa encuentra al Gobierno y a los gremios peronistas en una negociación abierta para impulsar un proyecto de blanqueo laboral, reformar convenios colectivos para disminuir costos laborales y la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de salud, cuya finalidad será reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales. La agencia de salud fue una demanda de los gremios, incluso de los que no forman parte de la CGT.

Participaron ayer del encuentro con Lemus los sindicalistas José Luis Lingeri (AySA) y Carlos Frigerio (cerveceros). También asistieron los funcionarios Sandro Taricco, flamante jefe de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), organismo que administra los millones de pesos de las obras sociales, y María Cecilia Loccisano, la esposa de Triaca, que se desempeña como subsecretaria de Coordinación Administrativa de la cartera de Salud.

Se avanzó en la certificación de firmas de todas las partes que estarán involucradas en la CUS y se creó un fideicomiso entre la SSS y el Banco Nación, en donde se atesoran los aportes obligatorios que se retienen de los salarios de los trabajadores. De allí se echará mano al dinero para todos los gastos. También se determinó que el proceso sea auditado por la Sigen y la AGN, y que el primer paso de la CUS será identificar a los posibles beneficiarios de la cobertura.