Remiseros volvieron a rechazar la nueva ordenanza y sus fundamentos

Remiseros volvieron a rechazar la nueva ordenanza y sus fundamentos
La Asociación de Propietarios de Agencias de Remises (Apar) del área metropolitana se volvió a pronunciar en contra de la Ordenanza 10865 que establece nuevas disposiciones para el servicio.
Además de cuestionar las recientes obligaciones, rechazaron los fundamentos expuestos en la mencionada norma.

“Quieren hacerle creer a la gente que con pintar el auto se va a terminar la inseguridad”, señalaron los propietarios de agencias de remises, quienes entienden que se busca responsabilizarlos de los hechos de delincuencia.

Según justifica la iniciativa comunal, “se hace necesario que el municipio adopte medidas más estrictas ante los hechos acaecidos en la ciudad que costaron la vida de una joven teniendo involucrado directamente a un vehículo de transporte público remís”, en referencia al caso Tatiana.

En este sentido desde la Apar señalaron: “Al parecer somos los remises los responsables de la inseguridad y que fuimos nosotros los encargados de la liberación del imputado del crimen. Cuando en realidad fuimos nosotros quienes solicitamos que se investigue al organismo municipal que otorgó el carné a este individuo y a los funcionarios públicos involucrados”, señalaron y agregaron: “No escuchamos a ningún funcionario pedir justicia por la muerte de Omar Sayas, remisero asesinado después de un asalto”.

Al mismo tiempo sostuvieron que “la gente pide seguridad por los remises y es justo, pero a nosotros ¿quién nos cuida y nos da seguridad?”, se preguntaron.

Identificación

Más adelante indicaron que la ordenanza al momento de justificar la obligación de pintar o plotear las unidades de verde señala “la dificultad de los potenciales usuarios de identificar a la distancia a los vehículos afectados al servicio de remises y radiotaxis”. Ante esto la Apar cuestionó: “¿Por qué no se solicita a los taxis también que identifiquen con los colores correspondientes los vehículos, por qué sólo los remises?”, se preguntaron y resaltaron: “Entendemos que esto es un claro caso discriminatorio y de intereses, y si se puede identificar correctamente a los taxis que se establezca la misma modalidad y no pretendan encarecer aún más los costos a los trabajadores”, indicaron. Según afirman, poder cumplir con esta nueva disposición le significaría a cada remisero por vehículo cerca de $4 mil de gastos.

También resaltaron que la Resolución Municipal 029 del 13 de diciembre de 2012, emitida días antes de que se sancionara la cuestionada ordenanza, se estableció la “creación e integración de la Comisión Mixta del Servicio de Remises y sus funciones”, aunque no establece fecha para la conformación de la misma y no se dio aviso a ningún sector del remís para realizar alguna reunión para el fin que establece esta resolución y de cual se desprende la ordenanza rechazada. “Si esta no fue creada en forma arbitraria, maliciosa y dictatorial nos cuesta creer que cumple funciones democráticas cuando sólo se reúne una parte sin informar a la otra y el fin es sólo cubrir errores grotescos de estamentos que deben cumplimentar los parámetros de toda la sociedad”, consideraron. Y destacaron que «la resolución establece crear un ámbito de participación donde todos los actores puedan expresar sus ideas, pero al parecer se olvidaron de avisarnos».

Mayores costos

De esta manera la Apar entendió que “queda claro cuál es el juego del municipio: crear conciencia de lo culpable que somos, cuando existen errores de orden institucionales y que pretenden cortar por lo más fino”.

Asimismo resaltaron que “habilitar hoy un auto 0 km en Resistencia cuesta $1.600 aproximadamente y que el 80% de estos fondos van a parar a las arcas del municipio. Con estos parámetros quién puede negar el fin comercial de la norma”, indicaron.

“Basta de hacerle creer a la gente que con pintar el auto se va a terminar la inseguridad. Trabajen seriamente para una mejor prevención de los delitos desde todos los estamentos. Basta de perseguirnos, de calumniarnos y ser objeto represor de causas económicas escondidas”, instaron.

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