El Renatre bajo la lupa

El Renatre bajo la lupa

El dirigente ruralista y ahora ex titular de la Renatre Abel Guerrieri fue denunciado por una contratación directa de casi 10 millones de pesos a la firma Biesles SA, supuestamente para la mejora del sistema informático.

El dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) que hasta el mes pasado tuvo a su cargo la misión de “luchar por la dignificación del trabajador rural y su familia” como presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) está en la mira de la Justicia. Se trata de Abel Francisco Guerrieri, quien en julio último, invocando una “urgencia y necesidad” que ningún dictamen interno fundamentó y sin pedir ningún presupuesto comparativo, contrató a la empresa Biesles SA en forma directa por 9,6 millones de pesos, en teoría para mejorar los sistemas informáticos del organismo. La maniobra fue detectada por un síndico que de inmediato informó al entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Abogado, oriundo de Bragado, alineado con los sucesivos presidentes de la SRA, Guerrieri integra el Renatre desde 2004, dos años después de su creación. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner envió al Congreso el proyecto de ley para sancionar un nuevo estatuto del peón rural y recuperar la potestad de fiscalización mediante la creación de Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) era vicepresidente del Renatre con un sueldo de 377.185 pesos, según precisó Sebastián Premici en este diario. Junto al fallecido Gerónimo Venegas, fue entonces uno de los principales detractores del Nuevo Régimen de Trabajo Agrario, que calificó como “un nuevo ataque al campo, al gremio (Uatre) y a las entidades que forman parte de la Mesa de Enlace”. En 2008, como miembro de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), votó en nombre de la SRA en contra de eliminar las jornadas laborales de sol a sol y fijar un régimen de ocho horas diarias. Cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri estuvo entre quienes avalaron la ofrenda de 500 mil pesos que la SRA le entregó al flamante ministro Luis Etchevehere por su pase al gabinete de Cambiemos.

En enero de 2018 asumió por un año como presidente del Renatre, que también integran Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria (FAA). En julio firmó un contrato con Juan Guillermo Leruga, presidente de Biesles SA, para la “mejora de la estructura organizacional de la Secretaría de Informática y el de- sarrollo de una solución integral a la problemática de la Fiscalización” del Renatre, tarea por la que el organismo rurales se comprometió a pagar 9.612.980 pesos. Pagó de inmediato 1.376.913 pesos. El resto, en siete cuotas mensuales.

El informe que desnuda la actuación de Guerrieri lo suscribe el síndico Diego Andrés Címoli y forma parte de un expediente por “consultoría y auditoría de los sistemas informáticos” del Renatre. “La urgencia y necesidad en la contratación de Biesles SA” invocada por Guerrieri “sería para resolver los problemas detectados en los sistemas informáticos del Registro y en el área de fiscalización, enfatizando el hecho de que se contrata a la misma mediante la modalidad de Compra Directa por servicios especializados”, apuntó. “Lo novedoso es que previamente se ha contratado a Biesles SA para efectuar la Auditoría de Sistemas sin ningún presupuesto comparativo al efecto, incumpliendo con lo regulado en el Reglamento de Compras y Contrataciones. Por ende se habla de especialidad cuando previamente, y para la auditoría en sistemas realizada por la empresa, no se ha adjuntado presupuesto comparativo alguno”, destacó.

Guerrieri aseguró que pidió presupuestos a las empresas Vit4B SRL y Grupo Intersistemas S.A. pero el síndico constató que “no existe en el expediente requerimiento alguno”. “Los presupuestos de las empresas mencionadas expresan en su contenido la referencia un sitio web habiéndose podido constatar que ninguna de ellas actualmente se encuentra activa”, continuó. Destacó como “notorio que las propuestas de servicios adjuntas de ambas empresas se asemejan en cuanto a contenido y descripción e tareas a desarrollar” y llamó la atención de que en una compra directa no hubiera dictamen de la subgerencia de Asuntos Jurídicos ni informe de algún área de informática “que justifique y/o avale la necesidad de contratar y/o sugerir a empresa alguna”. Lo mismo sobre el “curioso” hecho de que la Secretaría de Fiscalización “haya solicitado el expediente sin haber vertido opinión” ni haber hecho ninguna observación.

Comentá la nota