Desde el Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata (SANAM) sumaron sus críticas al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que definió el Gobierno de Mauricio Macri que establece los lineamientos de “modernización” de la flota pesquera y advirtieron que la nueva normativa “no promociona” el trabajo en el sector.

“Vemos que en el transcurso de 2018 hay prácticamente 3 metros cúbicos de bódega ingresada de barcos de España, inclusive del INIDEP, y no entiendo cómo se habla de promocionar la industria naval y por otro lado se sigue hablando de la importación de barcos españoles“, afirmó Walter Castro, titular del gremio.

En declaraciones a El Marplatense, dirigente dijo mantener “puntos de diferencia” con el proyecto del Gobierno porque tiene “una mirada netamente armatorial en su diseño”. “No se puede hablar de la necesidad de este decreto para recambiar una flota de 40 años cuando en realidad es de mucho más de 50 y encima en la hoja siguiente darle 20 años más de gracia a los barcos que estén reparados”, cuestionó, y consideró: “Claramente se está beneficiando a un sector de buques que fueron reparados en el último año”.

El máximo responsable que tiene el gremio también compartió la mirada de los referentes de laMultisectorial Ningún Hundimiento Más, que apuntaron que sólo se buscaba habilitar el marco para “traer la chatarra de Europa”, y afirmó que cree “exactamente lo mismo” en cuanto a las intenciones del Gobierno.

“En el último arancelamiento cero, ingresaron 176 buques a nuestro caladero. Y justamente la flota que entró es la que ya venía construida en España desde el ’70 y que cuando se declaró obsoleta a través de sociedades mixtas empiezan a operar acá con las consecuencia que ya sabemos”, comentó.

Castro, además, consideró insuficiente la partida de 500 millones de pesos que destinó Macri para impulsar la construcción de buques en astilleros nacionales. “No es nada: son 12 millones de dólares y un barco sale mucho más”. “Se deberían utilizar esos fondos para subsidiar el desguace y la construcción, que es una actividad netamente privada, debería correr por cuenta de los armadores y no del Estado”, señaló.

EL DNU

En la edición de este martes del Boletín Oficial, la administración nacional detalló la iniciativa, contemplada en el decreto 145/201, en la cual se establece que “los buques habilitados para realizar tareas de pesca en aguas argentinas, con excepción de los artesanales, deberán tener una antigüedad inferior a 40 años desde su fecha de construcción, medida que comenzará a regir en 2040”.

A su vez, también se precisó que en caso de acreditarse la reconstrucción de más de 60% del buque en territorio nacional, o que se trate de uno con autorización exclusiva para la captura de calamar, la antigüedad podrá ser de hasta 60 años.

La Prefectura Naval será la encargada de certificar la reconstrucción de acuerdo a los criterios que fije al efecto, los que deberán contemplar los materiales reemplazados y la tecnología incorporada, tanto en la navegación como en las tareas que se desarrollan a bordo.

Los límites de antigüedad establecidos en el decreto regirán a partir del 1 de enero de 2040. El Régimen Federal de Pesca establece que la Nación fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos.