Intereses empresarios, sindicales, políticos, personales y económicos, entrarán en un debate de fondo en las próximas horas en la ciudad. El avance de la desidia, de la inacción y la falta de gestión desembocaron en la necesidad de la aprobación de una inminente emergencia, que permita salir de la regla de contrataciones, para intentar superar el colapso que estremece a la ciudad por sus consecuencias de contaminación.

El 15 de diciembre de 2015, el gobierno de CAMBIEMOS debía resolver el vencimiento de una prórroga acordada por Gustavo Pulti, que finalizaba ese día, 5 días después de su asunción. Una bomba con la mecha encendida, además de un déficit de caja que no permitía ni el más mínimo poder de decisión, sino que el actual gobierno se encontraba atado de pies y manos. Era otro de los muertos dejados en el placard. 

En estos dos últimos años, los enredos políticos, la falta de conducción desde el Departamento Ejecutivo, no acompañaron las mejores decisiones para el conjunto de la sociedad marplatense. 

Es necesario puntualizar lo siguiente: hay colapso en el predio de disposición, hay colapso en la recolección de residuos, hay colapso en la planta de recuperación, hay colapso en el servicio de contenedores y hay colapso en la separación de residuos en origen. No sólo no es una exageración, sino que es indiscutible el análisis del cuadro de situación integral de la problemática.  

En este contexto de grandes males, se ha llegado a que la política en el HCD apele al manual de las grandes soluciones. Nuestros concejales deberían invadir las librerías, porque no tienen ningún manual ni tampoco la más mínima idea, sino llevarnos al desastre como el que vivimos por estas horas. Y esto atañe fundamentalmente el período 2003/17  

Hay servicios específicos que son precarios, deficientes y obsoletos que encima demandan una  extraordinaria cantidad de millones de dólares del presupuesto que sostiene, o mejor dicho que ya no puede sostener, la capacidad de pago de los contribuyentes marplatenses. Para toda esta adecuada atención económica, se creó la tasa GIRSU que se cobra con el servicio de agua potable en la boleta de OSSE. Ocurrió lo mismo que con la extensión del cobro para la promoción turística, no están los fondos, se escurrieron por el  mismo agujero negro.  

Existe el riesgo que la emergencia sea entregar llave en mano la continuidad de la misma gestión, o sea un cheque en blanco para más de lo mismo, lo cual entraría ya en los anales de la inhabilidad política, un espejo de lo que ocurre en OSSE y en la política de personal, que han formado parte del caótico desenvolvimiento de CAMBIEMOS, que ha demostrado su incompetencia en la gestión que encabeza Arroyo. Electoralmente andan a nafta pero en el Departamento Ejecutivo y en el Concejo Deliberante lo pasan a GNC.   

Hasta burda y torpe aparece la cuestión de fondo, de semejantes desbarajustes en torno a la emergencia que debe impulsarse y definirse en cuestión de horas. Fue mal proyectado y mal calculado cuál sería el volumen de la disposición final de residuos. El cálculo fue inversamente proporcional a la superficie necesaria, error garrafal. Con lo cual se aceleraron todos los tiempos, lo cual se agravó con la demora de que las soluciones no llegaron a tiempo para la regularización. 

A partir de ahí, a río revuelto ganancia de pescadores, con actores que van por la suya. Tecsan, la UOCRA, el CEAMSE, los sindicatos de camioneros y municipales, no debiendo quedar excluidas las intencionalidades políticas, tanto del oficialismo como de la oposición. Todos los que intervienen quieren vender para el bolsillo del caballero o la cartera de la dama. La cuestión económica sobre el interés general, predominan en estas negociaciones. 

Otro tema que no debería estar ausente es la disponibilidad presupuestaria, que tiene directa relación con la calidad del servicio. A mayor o menor inversión, peor o mejor calidad de vida, en momentos de profunda transformación en esta materia. Hoy el tratamiento de los residuos en países adelantados han dejado de despilfarrar recursos de los contribuyentes, para generar recursos económicos para estados deficitarios. 

Claro, que una política de esta naturaleza no la puede manejar un capataz, sino un conjunto de expertos, capaces de generar las políticas que se exigen en ese nivel de decisiones. Por ejemplo hace mucho ruido que la empresa 9 de Julio cobre U$S 4.000.000.- mensuales por el servicio de recolección de residuos domiciliarios, y que la MGP con equipos propios recoja 1.000 toneladas mensuales de basurales clandestino y por otra parte se multiplique la presencia de CIAGESER una empresa que se sostiene subsidiariamente por el negocio de los la Flia. Moyano y Cía., un tema en el que nadie prefiere entrar, quedando todos bajo sospecha.