A mediados de mayo, La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Chaco (FIA) emitió un duro informe donde develaba serias irregularidades en el destino de los fondos que varios municipios de la provincia recibieron de Nación los cuales tenían como destino el programa para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

El mismo señalaba que al menos 16 de las 20 comunas investigadas estaban flojas de papeles, ya sea por desviar los fondos con otros fines, por hacer obras de manera parcial o por presentar facturas apócrifas para justificar gastos inexistentes. Ese informe ya fue girado al juez Federal, Claudio Bonadío, quien investiga el destino de 600 millones de pesos para la GIRSU, de los que se beneficiaron más de 190 municipios de todo el país entre 2013 y 2015.

Quien realizó la investigación local fue el fiscal subrogante, Dugaldo Ferreyra. En diálogo con CHACO DIA POR DIA, comentó que la pesquisa se hizo a lo largo de un año en 20 localidades del Chaco.

“Hubo un desvío de fondos en el sentido en que no fueron ocupados para el fin por el cual mandó la Nación a la provincia. En algunos casos puntuales hubo cumplimiento parcial y otros donde se presentaron facturas apócrifas”, explicó el funcionario.

“Se había hecho una transferencia de fondos por más de $173 millones”, recordó. “Había un plazo prudencial en que había que realizar todas las instalaciones para los residuos. Pero de 20 localidades donde hice constataciones in situ, detecté que en 16 había irregularidades o incumplimientos en los convenios que se habían efectuado parcialmente”, comentó.

Por otra parte, si bien se investigó a la mitad de los municipios denunciados en su momento por la exdiputada, Ana María Canata (se investigaron 20 de 47), Ferreyra informó que le recomendó al fiscal General Provisorio, Gustavo Leguizamón, que avance con las comunas que quedaron afuera de las pesquisas.

“Para ser justo correspondería que se investigue a todos los municipios. No digo que todos hayan hecho las cosas mal pero me parece que este es el camino. Hubo municipios que cumplieron e hicieron bien las cosas”, señaló, y anticipó que Leguizamón “estaría dispuesto” a avanzar en este sentido.

Casos

Para Ferreyra, hubo casos “llamativos” en esta investigación, como el de Tres Isletas. “Allí se había abonado una suma de $110 mil a un periodista, Diego Fernández, para que difunda y haga toda una campaña de concientización”.

“Fernández hace luego una denuncia porque no había recibido el dinero. Y también denunció que esa factura que supuestamente había presentado era apócrifa. Esto se dio durante la gestión del intendente Carlos Palacios”, afirmó.

“En este caso, Fernández hace una denuncia ante la Fiscalía de Investigación Penal Nº2 de Castelli por este hecho. Yo estoy haciendo un seguimiento a la causa. Si bien se produjeron algunas pruebas y unas pericias donde se estableció que la factura era apócrifa y que no era la firma de Fernández, aún no se ha logrado el requerimiento de elevación a juicio a pesar de que ya lleva 2 años”, comentó.

Por otra parte, señaló que los fondos para obras de saneamiento ambiental se hicieron de manera parcial en Tres Isletas o directamente no se hicieron. “Ahí había una especie de excavación que tenía que tener unas mallas para hacer reciclajes. Eso se hizo parcialmente. También debía estar construido un tinglado pero no se hizo. Hay un incumplimiento significativo por parte del intendente de ese momento, que era Carlos Palacios”, dijo.

“Hay casos donde el Tribunal de Cuentas hizo sus juicios de rendiciones, como es el caso de Samuhú. Se presentaron facturas apócrifas. Y eso también está en investigación.

Después puso como ejemplo el caso de General San Martín. “Ellos no nos presentaron la documentación por eso recurrimos a rendiciones que tiene en su poder el Tribunal de Cuentas. Las rendiciones estaban en dos tramos: una por $3.5 millones de pesos y otra por $1.8 millones, todas del año 2014. El Tribunal aprueba sin observaciones esa rendición pero cuando me tocó hacer la investigación, me constituí en General San Martín y más precisamente en el lugar donde tendría que estar el tinglado para reciclajes de residuos, a la vera de la ruta 7. Ahí encontré un espejo de agua y unas ruinas de unos cimientos donde supuestamente ahí se habría construido un tinglado. Pero en realidad no hay nada”, dijo.

Por su parte, en Castelli, “se construyó un monumento, una plazoleta y también se utilizó parte de eso fondos para el acceso”. “El intendente presentó una adenda para que se le autorice pero todavía no obtuvo ninguna respuesta. En realidad lo que hubo fue un desvío de fondos porque se utilizó el dinero para otro fin”, afirmó.

“En Villa Río Bermejito, el intendente (Lorenzo Heffner) dijo que usó el dinero para unas defensas. Pero no se constató ni siquiera la construcción de esas defensas. Estos son casos palmarios de desvío de fondos porque el dinero de la Nación viene para un destino específico. No te ofrece otras alternativas de destino”, remarcó.