En medio de un fuerte paro docente en todo el país y una multitudinaria marcha al Ministerio de Educación de la Nación por mejoras en los salarios de los maestros, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dobló la apuesta e inició ayer los trámites administrativos para aplicar multas millonarias a los gremios e incluso quitar la personería jurídica a los sindicatos que propiciaron la medida de fuerza en el inicio del ciclo lectivo.

Ésta fue la reacción del gobierno de María Eugenia Vidal, que ayer, además, recibió dos fallos judiciales adversos en su pulseada con los sindicatos: uno declaró nula la conciliación obligatoria y el otro le ordenó devolver el dinero retenido a los maestros bajo amenaza de sancionar a los funcionarios.

Vidal se notificó de los dos fallos adversos en medio del primer día del paro docente, que según los sindicatos tuvo el 90 por ciento de acatamiento entre los 280.000 maestros del territorio bonaerense.

El gobierno de Vidal aseguró, en cambio, que la medida de fuerza fue menor y sólo se sintió en el 60 por ciento de los 17.000 establecimientos educativos de la provincia.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el mayor distrito escolar del país, acatará el primer fallo y devolverá el dinero retenido por dos días de paro en agosto pasado, como dispone la medida pedida por el gremio docente Udocba.

Pero la Dirección General de Cultura y Educación afirma que volverá a retener el dinero una vez que se expida la Cámara de Apelación. Confía en que fallará en el mismo sentido que la jurisprudencia anterior de Cámara, que ya legitimó la quita en una causa iniciada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En tanto, la medida cautelar que obligó al Poder Ejecutivo a no interferir con el derecho a huelga y abstenerse de dictar la conciliación obligatoria fue apelada por la Fiscalía de Estado. La medida fue dispuesta por el juez en lo contencioso administrativo Luis Arias ayer por la tarde.

Por la mañana, el Ministerio de Trabajo de la provincia sacó a la calle 1500 inspectores para realizar dos trámites: un sumario administrativo a efectos de aplicar multas a los sindicatos, que oscilan entre 50 por ciento y 2000 por ciento del salario mínimo, vital y móvil (8060 pesos) por cada trabajador en huelga y por cada día que dure el paro.

Las multas se prorratearán por el porcentaje que cada gremio tiene en la paritaria a partir de la corroboración de incumplimiento de la conciliación, informó el gobierno.

Por otro lado, el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, inició una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que aplique sanciones y, eventualmente, suspenda la personería gremial a los sindicatos que no acataron la conciliación obligatoria.

"No tenemos por objetivo atacar las entrañas del modelo sindical; el objetivo es reconstruir el espacio de dialogo", afirmó Villegas.

Los fallos adversos al gobierno fueron interpretados como "triunfos efímeros, basados en la cercanía de algún juez con afinidad política e ideológica a los gremios. Más golpes de efecto que fallos sustentables en el tiempo", según dijo Villegas.

En cambio, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, destacó que, según dictaminó la Justicia, la conciliación obligatoria "es ilegal". Por lo tanto, toda la actuación destinada a verificar su incumplimiento y su sanción también es ilegal, indicaron desde los gremios.

"El paro fue masivo: más de 100.000 personas marcharon al Ministerio de Educación de la Nación. La mayoría de ellas de la provincia de Buenos Aires", dijo Baradel. El sindicalista informó que hoy se reunirán las conducciones de los seis gremios de esta provincia para determinar si continúan las medidas de fuerza en este territorio. El reclamo por la apertura de una paritaria nacional sigue en pie, afirmó.

Los sindicatos insisten en resaltar que sólo el año pasado la pérdida del poder adquisitivo del docente fue del 14 por ciento. Esto es sin contar la inflación del 25 por ciento que los gremios vaticinan para este año, según cálculos de la CTA.

El gobierno de Vidal, en sintonía con la Casa Rosada, rechaza estos cálculos y sostiene que este año la inflación no superará el 18 por ciento. Así y todo, mañana podría realizar una nueva oferta a los docentes para intentar destrabar la negociación interrumpida por el paro.

"El gobierno debe reflexionar", dijo Baradel, que además cuestionó la reunión convocada para mañana dado que esa convocatoria fue hecha en el ámbito de la conciliación obligatoria, una medida ahora desconocida por la Justicia.

El ministro de Trabajo provincial minimizó el fallo: "Arias nos tiene acostumbrados a estos entuertos en materia que no le corresponde", dijo. El fallo será apelado. Puede ser concedido con efecto devolutivo o suspensivo. El primero suspende la medida hasta tanto se expida un tribunal de alzada.

"Son triunfos efímeros basados en la cercanía de algún juez con afinidad política e ideológica", receptivo a las necesidades de los gremios. "Es más un golpe de efecto que un fallo sustentables en el tiempo", dijo el ministro de Trabajo.