Un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicado enInfobae y Perfil detonó una bomba informativa que sacude a la gobernación bonaerense. Según el artículo, funciona en el IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, un circuito de corrupción que les costará a los gobernados por María Eugenia Vidal unos 500 millones de pesos en 2018. Todo, en presunta complicidad con funcionarios y sindicalistas y en franca colisión con el discurso de la mandataria macrista de su “lucha contra las mafias”.

Según la investigación, médicos prestadores de IOMA, con el presunto aval de los auditores de la mayor obra social de la provincia de Buenos Aires, cobran retornos de las empresas proveedoras para que elijan sus prótesis. En caso de negativa a pagar el soborno, los profesionales de la salud amenazan con rechazar todas las prótesis de esa empresa y elegir otra que sí acepte hacer el pago ilegal. Los auditores de IOMA no indagan sobre los motivos de esos "rechazos", ni los impugnan. La obra social de los empleados bonaerenses debe conseguir otro proveedor, a sugerencia del médico, hasta que éste queda conforme con la coima acordada.

La investigación, que fue llevada adelante por Mariel Fitz Patrick (Infobae); Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación); Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli (para Perfil), detalla minuciosamente la operatoria y revela audios donde médicos y empresas prestadoras de prótesis afinan precios. 

IOMA estaría pagando sobreprecios por prótesis con el aval de los auditores de la obra social. La operatoria sería a través de compras preacordadas o por un 500% superior de los valores del mercado.

La forma no es nueva y se trata de un sistema institucionalizado. Según consigna Infobae, el trabajo se enmarca en la investigación global The Implant Files sobre la industria de los dispositivos médicos, liderada por el ICIJ. La gestión de María Eugenia Vidal no está exenta. 

La propia Vidal se encarga de remarcar, cada vez que puede, su esfuerzo para luchar contras las mafias. Sobre IOMA, nn marzo del año pasado, la gobernadora anunciaba el lanzamiento de “un servicio de emergencias para el trabajador y su familia al que van a poder llamar desde sus casas” y el aumento de “la cobertura para medicamentos y los análisis clínicos no van a necesitar que los afiliados paguen nada. Esta es plata que los trabajadores de la Provincia se van a poder ahorrar”.

 En abril de 2016 y con apenas cuatro meses de gestión, el gobierno de Vidal había denunciado estas maniobras, pero apuntaba a la gobernación de Daniel Scioli. Se trataba de una estafa por 1.500 millones de pesos. Era el mismo mecanismo que aún perdura: sobreprecios en las compras de medicamentos, internaciones domiciliarias falsas -en algunos casos a nombre de personas muertas- y compras fraguadas de prótesis y aparatos.

En lo que hace a la investigación periodística, se revela que los sobornos a los médicos rondan el 20% de lo que obra social bonaerense gasta en prótesis. Para 2018, implica unos 500 millones de pesos.

Según revelan las responsables de la investigación, las fuentes consultadas coinciden en que los actuales funcionarios de la obra social no podrían desconocer la maniobra. Y varios apuntaron a su responsabilidad y complicidad en este esquema de sobreprecios y retornos, en perjuicio de la mayor obra social de la Provincia y de sus dos millones de afiliados.

El trabajo aportó un audio revelador. Se trata de una conversación telefónica entre un médico y un proveedor de una prótesis de cadera. El médico encargado de operar a una paciente pide directamente al proveedor 18 mil pesos por una prótesis. “No matarlos a ustedes y que les sea algo lógico. Y a lo mejor de esa manera podemos empezar a trabajar también”, avisa para continuar a futuro con este mecanismo. Lo ideal para el médico era tasar la prótesis en 25 mil pero esa cifra no pasaría. Mientras, una paciente espera ser operada. Los sobornos los pasan como como supuesta "asistencia técnica" u "honorarios por asesoramiento" y suelen pagarse con cheques.

Sobre el accionar de los médicos, el secretario gremial de la Asociación de Médicos de la actividad privada, Antonio Di Nanno, fue tajante: "Para mí, un médico que hace eso tiene que ir preso, como cualquier otro delincuente. Pero también estaría bueno que fueran presos los que las vendieron y los que autorizaron. Y ahí está el Estado. Hay que denunciarlos".

Por el caso, la diputada nacional por Cambiemos y primera candidata en las últimas elecciones legislativas Graciela Ocaña tramitó una denuncia ante la Oficina de Fortalecimiento Institucional bonaerense (OFI). Una especie de Oficina Anti Corrupción, pero bajo la órbita provincial. Se trata de un organismo que creó la gobernadora en abril del año pasado y es presidido por Luis María Ferella.

Al tomar conocimiento del caso, la OFI trasladó la denuncia de Ocaña a la Justicia de La Plata. La causa está en manos del fiscal Marcelo Romero, que ya tiene identificados al menos cinco médicos involucrados en esta práctica y ordenó una serie de medidas de prueba. Una de ellas es un oficio a IOMA requiriéndole el listado de prótesis adquiridas durante los últimos cinco años, los médicos que las solicitaron, las rechazadas, los motivos y la resolución de los auditores y un listado de las prestadoras. Hace más de un mes que en IOMA no responden el requerimiento judicial. 

La obra social es presidida por Pablo Di Liscia, quien asumió luego de que Vidal echara del cargo a Carlos D’Abate, que duró menos de un año al frente del cargo. 

“El 85% de las compras de prótesis que hace la obra social bonaerense se rigen por un nomenclador de un convenio marco que fija precios de referencia fue acordado en 2016 entre el Directorio de IOMA y las prestadoras, básicamente fabricantes y distribuidoras de prótesis médicas y ortopedias. Fue ajustado un 25% en agosto último. Pero esos precios resultan ser superiores a los del mercado, según coinciden todos los consultados.

En la investigación se revela el testimonio de un proveedor que explica: "En la práctica funcionan como precios únicos, porque nadie cotiza por debajo. Yo coticé menos y no me compran la prótesis. Ese precio encubre el retorno. Cuando más alto el precio, mayor la coima”.

Por caso, el Ministerio de Salud bonaerense paga entre un 20% y un 30% menos las prótesis que provee a los hospitales públicos de la provincia. 

La mayoría de los consultados también apunta a la complicidad del directorio de la obra social. Entre enero 2016 y octubre 2018 (toda la gestión de Vidal) hubo 4.800 millones de pesos que se pagaron de más en sobreprecios a empresas que estarían vinculadas a funcionarios y gremialistas de UPCN. 

La representante en el Directorio de UPCN es Patricia Wilde, quien reemplazó al anterior vocal, Luis Ángel Pérez, imputado por el fiscal Álvaro Garganta en la mega causa de IOMA. La otra vocal sindical en el Directorio era Patricia Nisembaum, de Suteba, el gremio docente liderado por Roberto Baradel. También fue desplazada por estar imputada en la causa abierta por la denuncia de Elisa Carrió.

El gremio de UPCN mantiene un estrecho vínculo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires en lo que hace, por ejemplo, a las negociaciones paritarias. Conducido históricamente por Carlos Quintana, el sector es el primer gremio estatal en cerrar la paritaria y condicionar así la negociación del resto de las organizaciones sindicales bonaerenses. 

El presidente de la Asociación de Profesionales de IOMA (APIOMA)  Idelmar Seillant, remarcó que “los sobreprecios no solo incluyen un 20% del valor de la prótesis para el médico, sino otro 20% del monto que cobra el proveedor de IOMA y que va para los funcionarios. El sistema de retornos y sobreprecios no podría funcionar sin la participación del Directorio, que habilita los pagos, los sobreprecios y el direccionamiento hacia determinados prestadores”. 

El titular de la Asociación de Profesionales lleva realizadas 27 denuncias en la Justicia desde 2011 por irregularidades en las prestaciones y en el manejo de los recursos en IOMA, una decena de las cuales fueron realizadas a partir de la llegada de Cambiemos.

“Las nuevas autoridades ratificaron la decisión del gobierno de Scioli de que que no hubiera más auditorías de terreno, de gestión y contables. Entonces, no hay controles. Se paga lo que se acuerda con las prestadoras. Es el mismo perro con distinto collar”, sentenció.