La Justicia hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por diez miembros de la comisión directiva de Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), a los cuales el secretario general José Niz había echado, negándoles inclusive el ingreso al edificio sindical.

La decisión ordena que el dirigente gremial «se abstenga de impedir el ejercicio de la función sindical para la cual han sido electos» en la entidad de calle Yrigoyen.

De esta manera, la Justicia respaldó a diez integrantes de la mesa chica de UPCP que habían sufrido de parte del secretario general Niz persecuciones, violencia física y verbal e intimidaciones por manifestar disidencias en la metodología de la conducción del sindicato.

En la presentación formal, estas personas acusaron a Niz de «violencia verbal y la intimidación consecuente para forzar el acatamiento de sus decisiones y reforzar su autoridad, imponiendo a todos los miembros de la comisión directiva la imposibilidad de actuar sin su previo conocimiento y consentimiento».

La jueza Civil y Comercial 1 de Resistencia, Eloísa Araceli Barreto, hizo lugar ayer a la mañana a la medida cautelar interpuesta por miembros de esta comisión gremial de los empleados provinciales que se habían visto impedidos de ejercer sus cargos y de ingresar al edificio sindical por una orden personal del secretario general. El fallo obliga al dirigente gremial a «garantizar el libre ejercicio de la representación sindical que ejercen», y lo hace responsable «de la integridad física» de los demandantes al momento de reingresar a la sede, lo cual se concretó en la tarde de ayer.