Mauricio Macri lanzó el plan de obra pública más ambicioso de la historia en el Conurbano porque sabía que ese terruño sería la clave de la elección de medio término que plebiscitará su gestión el año que viene.

Luego de casi un año de mandato, el presidente finalmente  logró hacer funcionar la maquinaria de las licitaciones a tal punto que entre la empresa de agua AySA y Vialidad, lanzan un promedio de una licitación por día en la provincia, y en especial en el Conurbano.

 

Se trata de licitaciones pequeñas y medianas mediante las que se hacen obras de bacheo, agua, cloacas y otro tipo de tareas de poca envergadura, con un presupuesto que va de los 30 a los 60 millones de pesos promedio por licitación.

 

Sin embargo, Macri tiene una serie de amenazas que le pueden complicar el plan de obra pública de cara a las elecciones legislativas.

 

Las licitaciones incluyen rebajas de hasta el 45% respecto de lo que se venía pagando, aduciendo que se trataba de sobrecostos de la corrupción kirchnerista. Este drástico recorte hizo que se retiraran las constructoras de mas experiencia.

 

En primer lugar, la bandera que alzó el macrismo contra la corrupción de la era kirchnerista, provocó que el presupuesto de cada obra se redujera hasta un 45 por ciento, un porcentaje que presuntamente se perdía en retornos.

 

Importantes empresarios de la construcción admitieron a LPO que por eso empezaron a bajarse de las licitaciones, a sabiendas de que no llegarán a completar las obras con un presupuesto tan diezmado. En este contexto, más de 10 empresarios que trabajan desde hace décadas con AySA se retiraron del mercado.

 

Por este motivo, surgieron pequeñas empresas constructoras sin antecedentes ganan las licitaciones con ofertas menores y aprovechan los anticipos que gira el Gobierno para cada obra.

 

El Gobierno se encerró en su propio discurso anticorrupción y acepta darles las obras críticas para el Conurbano a un grupo de empresas sin respaldo porque son las que hacen las ofertas más baratas, pese a que no sean suficientes para completar la obra, y el Ejecutivo no quiere enfrentar denuncias por “acomodo” en las licitaciones si adjudica las obras a empresas más grandes que piden un presupuesto más caro y realista.

 

Las fuentes explicaron a LPO que las pequeñas empresas especulan con dejar la obra a la mitad una vez que se queden sin el financiamiento, cuando pedirán la redeterminación de precios jugando con el apuro que tendrá el Gobierno para no dejar las obras paradas en el medio del proceso eleccionario.

 

Uocra sin control

 

El otro problema que enfrenta el Gobierno con estas empresas que carecen de experiencia para operar en el difícil Conurbano, que es un mundo en sí mismo.

La Uocra es por lejos el gremio más violento del país, con casos frecuentes de violencia, disparos y muertes. Fundamentalmente en el Conurbano, donde el titular del sindicato, Gerardo Martínez perdió el control.

 

Los delegados de cada distrito son quienes deciden si una obra se hace o se frena y las empresas sin antecedentes no saben cómo lidiar con ellos. En esa geografía se recortan pesos pesados como los delegados de Avellaneda, Héctor Villagra; Quilmes, Juan Olmedo; Lomas de Zamora y Moreno, Oscar Rizzo y el mítico Juan Pablo "Pata" Medina de La Plata.

 

Algunos de ellos incluso han llegado a presionar a ministros del gobierno de María Eugenia Vidal por la demora de las obras. Además del manejo político que requieren estos delegados, los empresarios deben lidiar además con los punteros del Conurbano, puesto que en algunos casos las obras se realizan en barrios muy humildes y villas, donde los referentes territoriales de los partidos y organizaciones sociales se hacen sentir.