Ley de riesgos del trabajo: el FPV busca terminar con la doble vía

La iniciativa abre fuego cruzado entre empleadores y gremios

Por Sabrina Santopinto

El proyecto del oficialismo avanza sobre dos ejes que ya generaron cierto recelo en el ambiente empresarial: en primer término, contempla que además de la indemnización se prevea una prestación dineraria adicional del 20% con el firme objetivo de dar por terminada la criticada “doble vía”. Por otro lado, se fija que las prestaciones serán ajustadas entre enero y julio de cada año en torno del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que lleva adelante el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Lo cierto es que la primera de las cuestiones que disparó el análisis de los juristas es la llamada opción excluyente que determina la iniciativa, donde en caso de que un trabajador opte por cobrar el porcentaje adicional, ya no podrá acceder al reclamo por la vía civil. En este punto, algunos juristas advierten que esta cuestión abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro de esta disposición dado que la Corte Suprema de Justicia ya había invalidado oportunamente la opción excluyente.

Consultado al respecto, Ernesto Ahuad, integrante de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y funcionario de la cámara del trabajo, explicó a BAE que “intentar volver a la doble vía excluyente al estilo de las leyes 9.688 (1915) y 24.028 (1991) –normas que precedieron a la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)– implica un desconocimiento del nuevo derecho constitucional” y agrega que “difícilmente se supere el test constitucional”.

Desde otra óptica, el ex camarista laboral Ricardo Guibourg analizó para BAE el proyecto y señaló que “parece contemplar adecuadamente la necesidad de indemnizar los accidentes y las enfermedades laborales mediante una tarifa suficientemente protectora, susceptible de ser calculada en cada caso sin necesidad de una decisión judicial. Mientras esta condición se mantenga, no veo inconveniente en establecer, como en la vieja ley 9.688, que la acción especial y la civil sean excluyentes entre sí”, y asimismo destaca que “de hecho, hacerlas acumulativas reduciría la ley de riesgos a un mero sistema de seguros”.

En este escenario, y a instancias de que la presidenta de la Nación solicitara a principio de año a los legisladores que avanzaran de inmediato con la reforma del sistema, el proyecto que encabeza el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, estipula que si el trabajador optara por recurrir a la vía civil para obtener la reparación al daño, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) deberá depositar el monto adicional, que luego será deducido del valor fijado por la Justicia.

En el plano de debate que ya comenzó a girar en torno del proyecto, Ahuad advierte que la discusión sobre la constitucionalidad de la ley 24.557 debería apuntar a “la inclusión de la posibilidad de acudir al Código Civil de manera amplia, a la apertura del listado de enfermedades, al abordaje de la prevención de los accidentes y enfermedades laborales. Prevención y reparación son dos caras de la misma moneda”.

Asimismo, otro de los puntos relevantes de la iniciativa oficial es que determina la creación de comités mixtos que deberán estar integrados por representantes de las empresas y trabajadores que se encargarán de controlar el funcionamiento de las acciones preventivas y se aplicarán en empresas con una dotación superior a los 50 empleados.

INDEMNIZACIONES. Entre las tuercas que se busca ajustar del actual sistema, el texto oficial fija que las indemnizaciones por accidentes se actualicen de manera semestral, pero no sobre la base de las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), sino que lo harán en función de las RIPTE, que en el último año marcaron un incremento del 32,5 por ciento.

“El hecho de que la actualización de los montos se realice de forma periódica, por medio de un método de cálculo ya establecido en la norma, es un avance importante”, destaca Ahuad, y hace hincapié en que “las RIPTE son un índice oficial que sigue la evolución de los salarios y que es elaborado por Seguridad Social, por lo que –prima facie– parecería ser una fórmula de movilidad que torna operativa la garantía constitucional respectiva”.

En este contexto, se estipula que el damnificado cobrará una indemnización de pago único de $80.000 UPE por incapacidad parcial o superior al 50%, será de $100.000 UPE si se trata de una incapacidad laboral total y de $120.000 UPE por muerte. Asimismo, a este total se le adicionará un monto equivalente a 53 veces el valor mensual del ingreso básico, multiplicando esto por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que será el resultado de dividir 65 por la edad del damnificado al momento del accidente.

La cuestión medular de la doble vía, según lo define el abogado laboralista Guillermo Fanego, siempre radicó en que “la tarifa no satisface una reparación integral cuando media dolo, culpa o negligencia del empleador. En efecto: en la vía civil se debe acreditar que medió culpa, dolo o negligencia del empleador pues es la única manera de establecer una sanción punitiva de quien no brinda la seguridad en el trabajo”.

LITIGIOSIDAD. Según los datos que maneja la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires son las regiones que presentan los mayores índices de LITIGIOSIDAD, con un promedio de 30 juicios cada 10.000 empleados. Las cifras del sistema indican que se da prestaciones a unos 600 accidentes al año y se pagan alrededor de $15 millones de salarios caídos. Las frías estadísticas se completan con la cantidad de causas judiciales que trae consigo el sistema y que dan cuenta del peligroso crecimiento de la LITIGIOSIDAD: la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) indica que mientras que en el 2008 la cantidad de casos que ingresaron en la Justicia rondaban los 27.000, para el 2011 las cifras registradas ascendieron a 55.000 causas judiciales, registrándose un monto promedio de los pleitos que oscila los u$s40.000 por cada acción.

Al respecto, Daniel Funes de Rioja –presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina– había manifestado oportunamente a este diario la importancia de que se avance con una reforma que proteja al trabajador, pero que a su vez dé previsibilidad al empleador. “Sabido es que los fallos de la Corte, a partir del caso ‘Aquino’ del 2004, generaron una profunda alteración de las reglas de juego en la materia y, consecuentemente, una ola de juicios que fue incrementándose año a año constituyendo la llamada industria del juicio”, destaca.

Más allá de que probablemente se avecinen tiempos de debates y ajustes al nuevo texto, según los especialistas consultados, el proyecto tal como está plasmado tiene la potencialidad de reducir la conflictividad laboral, lo cual no se trata de un tema menor dado que en la actualidad el principal caudal de causas de los tribunales del trabajo corresponde a los accidentes de trabajo.

En este camino, “lo que debe buscarse es un equilibrio, una solución justa para ambas partes y esto sólo podría concretarse si se le devuelve la previsibilidad al sistema mediante un régimen reparatorio que satisfaga adecuadamente al trabajador y que sea asegurable para el empleador”, sintetiza Funes de Rioja.

Por su parte, Ahuad sostiene que la reforma integral debe considerar tanto sus contenidos sustantivos como procesales, lograr que el litigante reclame sobre terreno firme, que el empresariado sepa qué tipo de incumplimientos lo podrían exponer a la responsabilidad civil y que las aseguradoras tengan bien delimitados los alcances de su responsabilidad.

La realidad es que el sistema de LRT es criticado desde hace años por su mal funcionamiento y ha sido reemplazado a lo largo del tiempo por la jurisprudencia. Según coinciden los juristas, el sistema actual no termina de ser justo para empleados ni empleadores. En lo que hace a los primeros, se ven obligados a pagar una contribución mensual a la ART, pero al mismo tiempo deben pagar por otra vía, mientras que los trabajadores se ven enfrentados al desgaste de tener que embarcarse en extensos litigios para lograr la reparación que les corresponde. “En síntesis, el sistema actual ha tenido la pavorosa distinción de ser injusto con y para todos”, concluye Ahuad.

Se espera, entonces, que en un breve lapso llegue al Congreso la iniciativa que impulsa el oficialismo a fin de que sea debatida y que finalmente eche por tierra una legislación que conspira contra la seguridad jurídica y perjudica a ambas partes del sistema laboral.

Los controvertidos accidentes in itínere

La respuesta ante los llamados accidentes in itínere es muy cuestionada por el empresariado que, en su mayoría, considera que no deberían estar cubiertos; la realidad es que el texto de la nueva iniciativa sigue incluyéndolos.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), por ejemplo, sostienen que debe transferirse a la seguridad social la responsabilidad resarcitoria por este tipo de accidentes, contemplados entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, y viceversa. “Coincidimos en que debe protegerse al trabajador, pero siendo la causa ajena a la responsabilidad del empleador y, muchas veces por imprudencia o negligencia de terceros, es la seguridad social la que debe dar respuesta por el daño, sin perjuicio de la repetición ante terceros”, advierte Funes de Rioja.

Comentá la nota