Entre otras cosas la provincia está obligada a no incrementar el gasto público por arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional previsto en el marco macrofiscal. Esta meta ya estaría cubierta tomando en cuenta que en el presupuesto chaqueño para el presente ejercicio se determinó que el gasto corriente crezca menos de 15 por ciento y por lo tanto estaría aún por debajo de la nueva meta de inflación informada hace pocos días por funcionarios del gobierno nacional.

El gobernador confirmó que su gestión está obligada a cumplir con lo establecido en cuanto al incremento del gasto y el aumento de la planta de empleados públicos.

Pero la capacidad de respuesta ante las demandas de los sindicatos, que pretenden importantes recomposiciones salariales, se reducirá a muy poco. Y como hoy el Chaco tiene déficit, el margen de maniobrabilidad se achica aún más tomando en cuenta lo establecido por la normativa para aquellas provincias cuyas cuentas están en rojo. Recién cuando se logre alcanzar el equilibrio fiscal el gasto se podría incrementar “sin superar la tasa de crecimiento nominal del Producto Bruto Interno definida en el marco macrofiscal”.

La meta de alcanzar el equilibrio fiscal o el superávit está prevista para 2020. Es decir que al mismo tiempo que la administración de Domingo Peppo debe cumplir con las imposiciones tendrá dos años para ordenar las cuentas provinciales. Otro punto que impone la normativa es un freno al empleo público dado que no podrá crecer la relación actual entre trabajadores del Estado y la población de cada jurisdicción. Solamente en el caso de lograr el equilibrio podrá incrementar el número de empleados para prestar determinados servicios. A la vez la normativa establece también algunas medidas con el objetivo de desalentar la toma de deuda. Incluso el incumplimiento de la ley en este punto acarrearía sanciones como la imposibilidad de tomar nuevos créditos.

También el texto sancionado recientemente determina las consecuencias que tendría violar las disposiciones. Concretamente se limitan las transferencias del gobierno nacional que no sean de transferencia automática. Es decir que si hoy la provincia no cumple podría perder la compensación acordada con el gobierno nacional en el entendimiento firmado para modificar el esquema para repartir ganancias y el impuesto al cheque. Finalmente la normativa también coincide, en parte, con el Consenso Fiscal y se define también la armonización tributaria con la Nación. Esto implica eliminar los impuestos que hoy gravan la producción y el trabajo.

Hay que cumplir

El gobernador Peppo confirmó ayer durante una breve entrevista a NORTE que el Chaco tendrá que aggiornarse a lo establecido en la normativa y anticipó que no es necesario volver a adherirse. Tiene plena vigencia y hay que cumplir tanto las metas como las limitaciones que están establecidas. Esta normativa se basó en el Acta de Mendoza, que recogió los consensos básicos alcanzados con las provincias, destinados a ser incluidos en la elaboración del nuevo régimen para encauzar las finanzas públicas, tanto del gobierno nacional como en las provincias.