Salta: solicitan el enjuiciamiento de los 11 detenidos por la toma de rehenes de la delegación de la UTA

Salta: solicitan el enjuiciamiento de los 11 detenidos por la toma de rehenes de la delegación de la UTA

Lo solicitó la Fiscalía Penal 6, en el marco de la investigación por la toma de rehenes en la delegación salteña del sindicato, ocurrida el 12 de septiembre pasado. Los posibles delitos serían “secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños”.

El fiscal penal 6, Horacio Córdoba Mazuranic, solicitó el enjuiciamiento de los once manifestantes detenidos en el marco de la investigación por la toma de rehenes en la delegación Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ocurrida el 12 de septiembre pasado, por los delitos de “secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños”.

Fuentes del Ministerio Público de Salta brindaron esta información y detallaron que el fiscal pidió además la prisión preventiva de los últimos siete detenidos por este hecho.

En su requerimiento, el fiscal dio por probado los hechos que mantuvieron en vilo a tres gremialistas de la UTA que sufrieron un violento secuestro ejecutado por manifestantes opositores a la actual conducción de dicho gremio.

Armados con palos, bidones de combustibles, cadenas y otros elementos, los imputados irrumpieron en la sede local de la UTA, en la calle San Luis 550 de la ciudad de Salta, donde desalojaron a afiliados y trabajadores, excepto al secretario general Jorge Flores y a los responsables de las áreas de Acción Social y Deportes, Mario López y Miguel Rasjido, respectivamente.

Una vez que trabaron el acceso a la sede gremial y a las instalaciones de la farmacia de la obra social, que está en un edificio contiguo, el grupo disidente agredió a los dirigentes cautivos, robaron 65 mil pesos de las oficinas de finanzas, rompieron parte del mobiliario y exigieron la renuncia de Flores, mientras amenazaban con incendiar el sindicato.

Tras varias horas de negociaciones, finalmente la toma fue disuelta y fueron detenidos 32 manifestantes, de los cuales 28 recuperaron su libertad y los cuatro restantes quedaron detenidos.

Días después, otros siete gremialistas quedaron detenidos, entre ellos el secretario adjunto de la UTA en Salta, Sixto Tactagi.

Las actuaciones penales del caso quedaron en manos de la fiscalía penal 6, que encaró una serie de diligencias y medidas probatorias que permitieron la imputación de once de los manifestantes que participaron de la toma, quienes se encuentran detenidos.

En base a las testimoniales, la recopilación de imágenes, la documentación médica que prueba las lesiones de las víctimas y otras pericias técnicas, el fiscal solicitó el enjuiciamiento de Tactagi, Omar Pereyra, Walter Pérez, Daniel González, Oscar Villa, Exequiel Malenque, Oscar Camacho, Carlos Barrios, Cristián Figueroa, Jorge Banda y Agustín Cayo.

Los delitos que se les endilgan a los detenidos son secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños, que son figuras penales que contemplan penas de hasta 15 años de prisión.

El fiscal sostuvo que “se trató de un concierto delictivo donde todos y cada uno de los imputados tuvieron el poder de decisión sobre la situación, la que demostraron cada vez que han podido ser observados y escuchados, manifestando que querían el desplazamiento de las autoridades gremiales legítimamente constituidas y para ello ejercieron violencia para lograr torcer su voluntad”.

Córdoba Mazuranic indicó que los hechos delictivos imputados se encuentran debidamente acreditados, y agregó que “el abordaje se produjo de forma organizada, ocultando la identidad algunos de los causantes, mientras otros actuaron a cara descubierta”.

Asimismo, manifestó que los imputados ejercieron “actos de vandalismo”, y ejecutaron acciones de sometimiento físico y psíquico.

“La gravedad del hecho está dada por pretender una acción destinada a afectar las decisiones democráticas adoptadas por una institución tan cara para la República como lo son los sindicatos. Organizaciones estas que velan por los derechos de los trabajadores”, sostuvo.

“De ningún modo la posible existencia de irregularidades en el manejo y funcionamiento del organismo pueden entenderse como justificativos de los actos violentos cometidos, que desnaturalizan la propia institución y el eventual reclamo”, afirmó el fiscal.

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