La situación de SanCor es cada día más compleja según informaron medios nacionales tras una reunión que se realizó el pasado martes por la noche entre los ministerios de Agroindustria y producción con los directivos de las cámaras lácteas y a la que pegaron el faltazo los representantes de Atilra y Camioneros, éste último, en pleno conflicto gremial con medidas de fuerza contra la empresa.

Según reveló el sitio web La Política OnLine, la ausencia de los dirigentes gremiales, especialmente el de Atilra, es la avanzada que existiría contra dicho sindicato de parte del gobierno nacional y de un sector de la industria láctea que intenta someterlo mediante "carpetazos” o directamente la intervención, siendo esto último, denunciado por la propia conducción del gremio.

En este escenario cada vez más complejo, al que se suma la decisión de más de 200 tamberos de no seguir entregando leche por falta de pago, la cooperativa podría entrar en convocatoria de acreedores en breve, según advierte el mismo medio periodístico, y aumenta seriamente la posibilidad de un conflicto laboral de gran escala, que en algunas áreas del Gobierno temen que explote en plena campaña electoral.

En otras plantas de SanCor ya se han producido gran cantidad de despidos e incluso el cierre de algunas unidades, mientras que en Chivilcoy sigue el plan de suspensiones rotativas. El pasado 17 de abril, 44 trabajadores ya fueron suspendidos por el término de un mes, quienes cobrarán el 75% del sueldo, mientras que el resto, resignan un 15% de sus haberes que, según el acuerdo firmado con el sindicato, se les deberá reintegrar el próximo año. Una gran cantidad de trabajadores chivilcoyanos, siguen con gran preocupación y solicitaron una reunión urgente con las autoridades del gremio, que se estaría concretando hoy en nuestra ciudad, según pudo averiguar LA RAZON.

En tanto, según La Política OnLine, los dirigentes gremiales decidieron retirarse de la negociación, "hartos de las amenazas del gobierno”. Como reveló dicho portal, "en la Casa Rosada analizan llevar a la justicia al líder de Atilra, Héctor Ponce, por negarse a aceptar el plan del Gobierno para reducir el ‘aporte extraordinario’ de $3.500 por trabajador que las empresas deben pagar al gremio. "Lo quieren preso".

Trascendió que, en el marco de esta situación, el gobierno retrasó la decisión de ayudar a SanCor con $450 millones, que podría poner a la empresa al borde de una situación sin salida.