El titular del Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María, presiona fuerte al bloque de diputados porteños del Frente para la Victoria para que frenen las modificaciones que propone el PRO a la ley que creó el Consejo de la Propiedad Horizontal y que beneficia a su gremio.

El presidente del PJ porteño, que amenazó con romper el bloque hace unas semanas por la trunca negociación por la Agencia de Bienes, instruyó a los diputados a que frenen la iniciativa como puedan.

El titular de la bancada K, Carlos Tomada, llamó a la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, para que no despachen la iniciativa en el marco de la Comisión de Legislación General. A pesar de que el pedido se hizo por qué el FpV aún no había definido su postura ante el tema, el macrismo decidió avanzar con el expediente y el kirchnerismo se ausentó de la reunión del cuerpo.

La presión de Santa María a los diputados se da luego de un primer intento de abrir un camino protocolar, mediante una ley con modificaciones en los artículos que no hablan de la integración del directorio. Como la modificación de la normativa que presentó no prosperó porque el oficialismo está empecinado con avanzar con su proyecto y avalar únicamente pedidos del bloque Confianza Pública, el sindicalista quiere que el kirchnerismo frene el expediente modificador como sea.

El diputado del Parlasur entró en cólera porque desde el PRO le hicieron saber que la ley modificatoria se votará el próximo jueves 26 de junio y, con el despacho de mayoría firmado, será difícil abrir el texto a nuevas modificaciones.

A casi seis meses de la aprobación, el oficialismo está cerca de avanzar con una serie de cambios de ese expediente, avalado por Horacio Rodríguez Larreta hasta que los vecinos, en distintas reuniones organizadas por sus asesores, le hicieron sentir cierto “malestar” por esa iniciativa. En concreto, los porteños reclaman que la financiación y los sueldos de las autoridades de ese Consejo ocasionarán un incremento en las expensas.

El Parlamento local aprobó el tres de diciembre una ley que crea un organismo que regulará los consorcios de los edificios porteños y que posee un Comité Ejecutivo de 11 miembros de los cuales, como adelantó Letra P en el mes de marzo, al menos seis estarían relacionados con el titular del SUTERH. Concretamente, la normativa abre lugar en el directorio para tres representantes de los sindicatos de trabajadores de edificios de renta y horizontal. Es decir, para el gremio del también presidente del Partido Justicialista porteño, por lo cual podría controlar el organismo.

Harto de los reclamos vecinales por la ley, en marzo Larreta les pidió a Carmen Polledo y al jefe de bloque PRO, Francisco Quintana, que encuentren una solución. Finalmente, se decidió no reglamentar la ley, aunque tampoco vetarla, sino que se entendió que “el mejor camino” era proponer modificaciones. El alcalde le indicó al ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, que se encargue del tema y elabore cambios “sustanciales”.

En paralelo, el bloque Confianza Pública presentó un proyecto de ley con una serie de modificaciones. Como el expediente que redactó el diputado Diego García de Vilas le quitaba sillas en el directorio al SUTERH, el macrismo simpatizó rápidamente con esa voluntad.

El PRO quiere que en la dirección del Consejo haya dos representantes del sindicato, mientras que la bancada que preside Graciela Ocaña reclama un lugar. La ley aprobada en diciembre, y negociada entre Cristian Ritondo, Juan Manuel Olmos y Santa María, otorga tres miembros al SUTERH.

Por lo cual la ley sancionada con consentimiento del PRO beneficiaba al presidente del PJ y su gremio, pero la que plantea el oficialismo actualmente va en desmedro de la anterior. Sin embargo, no es una postura tan extrema ni dañina para SUTERH, ya que existen iniciativas para derogarla directamente, como la que elaboró el legislador socialista Hernán Arce y que cuenta con el respaldo de un grupo de consorcistas que buscan apoyo para suspender la normativa y ya consiguieron 18.000 firmas.

La diferencia clave entre la iniciativa del Ejecutivo y la de Confianza Pública pasa por los números en el directorio. Además de la distinta percepción sobre el lugar de SUTERH en el Consejo, difieren en los representantes del Ejecutivo: el PRO quiere tres y el ocañismo uno.

Por ahora, triunfó la postura del oficialismo, que volcó su mayoría en la Comisión de Legislación General y logró firmar un despacho que hace que avancen la iniciativa y sus modificaciones. Además, se definió que los integrantes del directorio trabajen “ad honorem”.

El bloque mayoritario del Parlamento porteño prefiere avanzar con una modificación, dejar que exista el Consejo de la Propiedad Horizontal, aunque con un poco menos de poder para Santa María, un aliado que el mismo Gobierno porteño dejó crecer.