El secretario de Economía y Hacienda, Gustavo Schroeder, aseguró que la emergencia económica del municipio otorgada por el Concejo Deliberante a fines de 2016 por un plazo de 180 días hábiles “ya no se encuentra vigente” y que por esa razón su dependencia está haciendo frente a las dificultades económicas y financieras de la comuna “con las herramientas legales de las que se disponen” y con la consigna de “gestionar con máxima austeridad“.

Luego de que esta semana surgieran dudas sobre bajo qué paraguas legal la gestión de intendente Carlos Arroyo tomó distintas medidas para hacer frente al pago de los sueldos de unos 8 mil agentes, Schroeder sostuvo que todas las decisiones adoptadas para reunir esos fondos tuvieron como respaldo “las herramientas de las que se disponen” aunque ninguna de ellas originada en una emergencia que, según aseguró, “ya se venció”.

En diálogo con LA CAPITAL, el funcionario recordó que la primera declaración de emergencia había sido aprobada por el Concejo en febrero de 2016, por un plazo de 180 días hábiles, prorrogable por un período idéntico.

Pero más allá de que la prórroga terminó siendo sancionada por los concejales en diciembre, el cómputo de los días transcurridos desde entonces se inició a fines de octubre.

“Lo sabemos porque se lo consultamos al Tribunal de Cuentas de la Provincia, que nos indicó que la cuenta de los días debía hacerse desde el día en el que se venció la emergencia original y no desde el momento en el que el Concejo aprobó la prórroga”, aclaró.

Schroeder aseguró que a pesar de no contar con esa herramienta, que concede amplias facultades para que el Ejecutivo tome medidas de índole presupuestaria, el gobierno cuenta con margen legal para adoptar diferentes decisiones administrativas.

Las dudas sobre la vigencia o no de la emergencia se hicieron presentes luego de que esta semana surgieran diversos trascendidos sobre de qué manera el Ejecutivo habría logrado reunir los fondos para hacer frente al pago de los salarios, cuyo costo, asciende a los 260 millones de pesos.

Según se supo, para alcanzar esa cifra la gestión de Arroyo debió contraer un millonario endeudamiento en descubierto por un monto de 170 millones de pesos con el Banco Provincia y hacer uso de diversas partidas que tenían otro destino.

“Hemos hecho uso de todos los instrumentos con los que contamos en el marco de la ley”, le aseguró ayer Schroeder a LA CAPITAL.

Además de eso, el funcionario reconoció que la situación económica y financiera de la comuna sigue siendo delicada. “Tenemos un municipio estructuralmente deficitario, lo que hace muy complejo llevar adelante cualquier gestión. Esto es así desde por lo menos el año 2011 ó 2012”, señaló.

Según dijo, “el nivel de deuda es el mismo de siempre” y contiene “muchas deudas de la gestión anterior que no estaban registradas” y que “en su momento no estaban reflejadas en los presupuestos”.

“Nos estamos haciendo cargo de todo eso, poniendo las cartas sobre la mesa”, aclaró.

Por otro lado, el funcionario admitió que en el futuro inmediato el costo salarial de la comuna podría sufrir un nuevo incremento, originado en la activación de la “cláusula gatillo” acordada en la última negociación con el sindicato de municipales.

En julio el gremio y el gobierno cerraron una paritaria mediante la cual se otorgó una suba salarial del 12% para el primer semestre, que incluyó el compromiso de conceder dos nuevos aumentos durante el resto del año, en función de cómo evolucione el índice de inflación que registra el Indec.

Schroeder dijo que la primera de esas subas, cuyo porcentaje aún no está definido, debería ser resuelta a fines de este mes. “Veremos cómo lo pagaremos, si junto a los sueldos o mediante un adicional”, indicó.