El gobierno bonaerense resolvió jubilar de oficio a alrededor de 10.000 empleados estatales que continúan trabajando. Los representantes gremiales denunciaron que la medida es "ilegal, arbitraria e inhumana" porque viola un acuerdo paritario convenido en abril de 2009 con funcionarios de las distintas carteras para evitar que, como se hizo en años anteriores, la decisión se llevara a la práctica sin el blanqueo salarial reclamado.

"La iniciativa, tomada unilateralmente por el gobernador Daniel Scioli, viola el acuerdo al que se había llegado, junto a los ministros, en la paritaria general del 6 de abril de este año", dijo a LA NACION el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA provincia), Hugo Godoy.

En aquella oportunidad, agregó el referente gremial, se estipuló que no habría jubilaciones de oficio hasta que no se acordara la equiparación y blanqueo de las Urpes, los adicionales discrecionales que reciben los trabajadores del sector público y que, al estar en negro, no influyen en el momento del cobro de las jubilaciones.

En diálogo con LA NACION, el ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango, defendió la gestión estatal y enfatizó que, en la mayoría de los casos, como sucedió en la cartera que él dirige, "se blanquearon las Urpes, para transformarlas en bonificaciones remunerativas, y, a su vez, se creó una ley para evitar que aquellos empleados que han sido objeto de una recategorización no necesiten contar con un mínimo de tres años en ese puesto para cobrar la jubilación acorde a su último sueldo recibido, sin perjuicio económico".

Sin embargo, Eduardo Bisceglia, subsecretario gremial de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), explicó que en el Ministerio de Educación, donde aún no se blanqueó el salario, más de 1800 empleados, de una planta de más de 8000, se verían afectados por este decreto. Cuartango indicó que "en los próximos días se estarán cerrando las recategorizaciones y la eliminación de las Urpes pendientes".

Decreto

La medida, que había sido anticipada por Economía en abril, pero se ejecuta ahora, alcanza a todas las áreas de la administración bonaerense.

El decreto 2676, que fue publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, establece que se cesanteará a los empleados del régimen 10.430 que al 30 de junio pasado hayan cumplido con los requisitos para hacerlo: 35 años de servicio y 60 de edad para la jubilación ordinaria, o 65 años para los casos de edad avanzada (los que deben trabajar más tiempo para alcanzar la antigüedad exigida). En 2008, unos 7000 empleados fueron jubilados de oficio.

En un comunicado, ATE indicó que el decreto no respetaba los tiempos que establece la ley 10.430 para jubilarse. La reglamentación del decreto 4161/96 indica que el plazo máximo para disponer la jubilación de oficio es de dos meses. Los gremialistas, entonces, le solicitaron a Scioli en la notificación que leyera "adecuadamente la norma y así advertirá que la misma indica que el decreto donde se indiquen que han de ingresar al sistema jubilatorio -en este caso, el 30 de junio- debe dictarse dos meses después de aquella fecha; lo que nos da como plazo máximo el 31 de agosto".

Algunas fuentes gremiales justificaron la medida como una forma de solventar los graves problemas económicos por los que pasa la provincia de Buenos Aires, ya que los empleados mayores son los que generalmente perciben un sueldo mayor por su antigüedad y trayectoria. Cuartango desestimó el rumor y aclaró: "Es necesario el crecimiento de la carrera de la gente más joven que trabaja en los distintos organismos".