Según la CTA, los despidos en el sector privado son casi 22.800

Las actividades que más recortes tuvieron desde diciembre son la construcción, metalúrgicas y las petroleras; las bajas condicionarían algunas de las paritarias

El recorte de personal que activó el Gobierno en la administración pública se extendió también al sector privado. Desde el 1° de diciembre hasta la actualidad, se registraron 22.793 despidos en todo el país. Así surge de un detallado relevamiento que elaboró el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que encabeza Pablo Micheli.

Las actividades más afectadas son la construcción, la metalurgia y las petroleras. El informe de la CTA incluyó todas las bajas en el sector privado entre el 1° de diciembre de 2015 y el 29 de enero pasado. Pero el listado fue actualizado ayer con las desvinculaciones de 70 metalúrgicos de la planta de Siam y de otros 14 en Avellard Rejna, una autopartista de Córdoba.

Esta situación en el ámbito privado se suma a la de miles de despidos que ya se concretaron en la administración pública. Según las estadísticas que maneja el gremio estatal ATE, ya fueron dados de baja 7795 empleados en todo el país. La cifra, que varía día tras día, incluye a trabajadores nacionales, provinciales y municipales. El jefe de ATE, Hugo Godoy, habló públicamente de 15.000 despidos, pero en los registros internos de su propio gremio se ratificaron los casi 7800 casos que publicó LA NACIÓN el sábado último.

De los 22.793 despidos en el sector privado, 14.800 casos son obreros de la construcción representados por la Uocra. Hubo 11.000 bajas en Chaco, 2000 en Tucumán y 1800 en Santa Cruz, en las empresas Austral Construcciones y Kank y Costilla, que pertenecen a Lázaro Báez, un empresario muy vinculado con el kirchnerismo.

Si bien la conducción nacional de la Uocra denunció la caída de 30.000 puestos de trabajo, el informe del Observatorio de la CTA contabilizó únicamente las situaciones denunciadas a nivel local por las seccionales del gremio y las cámaras empresariales, además de la información adicional aportada por las tres provincias involucradas.

El otro sector más afectado es el de la metalurgia y las autopartes. Tanto el gremio de la UOM como el de los mecánicos de Smata sufren desde hace meses por los despidos y las suspensiones en la actividad a pesar de los auxilios estatales mediante subsidios, planes de inversión y proyectos anticrisis. En una de las pulseadas recientes, Antonio Caló, jefe de la UOM, logró que Techint frenara los despidos de 180 personas. El Gobierno tuvo que oficiar de mediador, pero el conflicto podría activarse nuevamente.

Los coletazos también llegaron a la industria de la alimentación, con el caso de la planta Cresta Roja (5000 personas afectadas) como el más trascendente, aunque no fue el único del sector. Hay bajas considerables también en firmas dedicadas a la frutihorticultura, como en áreas textiles, de limpieza y de transporte de pasajeros.

"Los despidos sirven como un disciplinamiento que se ejerce sobre el resto de los trabajadores en medio de las negociaciones salariales. Este año fueron los empleadores los que abrieron el debate en las paritarias con el mensaje de que no pidan mucho porque puede haber despidos", dijo a LA NACIÓN Luis Campos, uno de los responsables del Observatorio del Derecho Social de la CTA junto con Horacio Meguira.

Hace unas semanas, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, condicionó las paritarias con un mensaje parecido al que Campos puso en boca de los empresarios. Prat-Gay pidió moderación a los gremios para evitar despidos. Su mensaje derivó en una dura reacción de gremialistas que pueden considerarse aliados, como Hugo Moyano y Julio Piumato, así como de los opositores Omar Viviani y el docente Hugo Yasky. Los gremios, en general, tomaron los dichos del ministro como una provocación. El mensaje de Prat-Gay también encontró detractores en el propio gabinete macrista. Un funcionario de la cartera laboral que habló con LA NACIÓN lo responsabilizó directamente de "embarrar la cancha" con los sindicatos.

En el informe de la CTA también se advierte sobre la profundización de la política oficial ante la protesta social. El estudio enumera dos movilizaciones recientes que terminaron en represión: Cresta Roja y la de los municipales de La Plata. Y hace hincapié en que el Gobierno pretende criminalizar los reclamos, al ejemplificar las detenciones de dirigentes sindicales y sociales en todo el país durante los dos últimos meses.

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