Como indicó ayer TiempoSur, la jueza civil Florencia Viñuales resolvió en su sentencia del recurso de amparo impulsado por un grupo de padres de la localidad de El Calafate, que los docentes cesen sus medidas de fuerza, aunque también ordenó al Gobierno que continúen con las negociaciones, incluso con la asistencia del Gobierno nacional.

Además resolvió que el Gobierno provincial pague los salarios en tiempo y forma, que no descuente los días no trabajados por los docentes y que asegure las condiciones para un normal dictado de clases como ser cuestiones edilicias y el cubrimiento de cargos.

El Dr. Enrique Papa apuntó que "es el segundo fallo que reconoce que los gremios se encuentran obligados a parar y que ordena al Estado que no haga ningún tipo de descuento" (el primer fallo fue del juez Diego Lerena, cuyo amparo fue presentado por el vocal por los Padres, Juan Manuel Canale).

ES UN DERECHO

El asesor de ADOSAC, que hoy enviará la apelación al Juzgado de la Villa Turística en el punto en el cual impide a las organizaciones seguir con los paros,  resaltó que "el fallo es muy importante en el tema de que cierra por medio del amparo  el planteo de que la educación es un servicio público esencial".

Explicó que la OIT, aclaró que la educación es un derecho y no un servicio  esencial como lo es la salud. "Si fuera un servicio esencial, se aplica cuando está en riesgo o peligra la vida". Por ejemplo,  como en el caso de medidas de fuerza de  empleados de la sanidad que deben cumplir con mínimo de guardias.

"La educación es un derecho humano fundamental que hay que garantizar y no un servicio público. Si fuera un servicio, debería existir un mínimo de docentes, como el 25% de cada escuela, pero no garantizaría la educación a todos los chicos", explicó.

Marcó que el fallo también "ordena negociar de buena fe" entre gremios y Gobierno nacional y provincial. "Pareciera que ni Nación ni Provincia fueran responsables por la educación", sentenció.

El letrado mencionó que existe otro amparo cuyo fallo aún no fue resulto por el Juzgado de San Julián y que fue interpuesto por el Defensor de Menores de Gobernador Gregores. La presentación también pide declarar a la educación como servicio esencial.