El bloque del oficialismo porteño en la Legislatura firmó el viernes, durante un plenario de comisiones, un dictamen favorable del proyecto para regular la actividad de los repartidores y de las plataformas de aplicaciones de delivery, con lo que giró al recinto de sesiones la iniciativa, sobre la que la oposición pidió más tiempo para debatir.

El proyecto fue despachado en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Tránsito y Transporte, de Justicia y de Asuntos Constitucionales con el aval de los legisladores del bloque Vamos Juntos y de su aliado UCR-Evolución.

En ese marco, durante el encuentro, que se desarrolló de manera mixta -con legisladores presentes y otros a distancia-, se leyeron varias comunicaciones con objeciones al proyecto, que fueron enviadas por sindicatos que agrupan a los trabajadores del sector y a cámaras de empresarios del rubro que estarán alcanzados por la normativa propuesta.

La propuesta iba a ser tratada en la sesión ordinaria del jueves pasado, pero el oficialismo no logró reunir los votos necesarios para habilitar el debate, por lo que optó por postergar la discusión hasta esta semana.

El proyecto contempla una extensa normativa para ordenar esta modalidad de trabajo, que adquirió protagonismo desde que comenzó la cuarentena y abarca al servicio de mensajería y reparto de sustancias alimenticias popularizados con el crecimiento de plataformas tecnológicas como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.

En la actualidad, existe una ley que regula la actividad de los deliverys, pero no prevé la modalidad bajo la cual trabajan esas operadoras digitales, mediante las cuales, los usuarios pueden realizar los pedidos a través del teléfono celular, contactar los locales de gastronomía o enviar correspondencia.

Para ello, el proyecto del oficialismo porteño, firmado por la legisladora Cristina García de Aurteneche y el diputado Marcelo Guouman, propone la creación de un registro de las operadoras digitales y los repartidores y mensajeros, e incorpora requisitos para ambas partes, como estar inscriptos en la AFIP y tener domicilio en el distrito.

Por su parte, el bloque del Frente de Todos -a través de los diputados Manuel Socías, Lucía Cámpora, Santiago Roberto y Cecilia Segura-, firmaron un despacho en minoría en el cual se solicitó el archivo del expediente.

"Es fundamental tomarnos el tiempo suficiente para poder debatir este proyecto que solo busca favorecer a las empresas y no protege a los más vulnerables que son los comercios, las y los trabajadores y las y los usuarios que sufren las prácticas abusivas de estas plataformas", advirtió Roberto.

En su dictamen, señalaron que con la propuesta del oficialismo, "el Estado se convierte en cómplice de la explotación laboral dejando a los trabajadores a merced de las reglas de juego propias de cada empresa, las que incluyen mecanismos de premios o castigos para los repartidores, los que se ven reflejados en la asignación o no de pedidos, de acuerdo a un ranking de horas de permanencia de conexión a la aplicación y efectividad".

"El proyecto en consideración poco viene a solucionar al quitarles la estabilidad laboral y la relación de dependencia, aunque en lo discursivo pretendan manifestar otra voluntad", indicaron.

"La ley actual habla que para ser trabajador de mensajería, tenes que estar en relación de dependencia. Este proyecto de ley lo borra de plano, y solo habla de mensajero habilitado por la autoridad de aplicación", le había dicho a InfoGremiales Juan Manuel Loimil Borrás abogado del gremio de mensajeros ASIMM.

"Por otra parte califica a las app como intermediarias, que es precisamente la forma en que ellas se presentan, no como mensajerías. Basicamente es una ley, escrita ¿por? y para las plataformas". habí precisado el laboralista.

Loimil Borrás señaló, además, que en el borrador "se presentan a las app como intermediarias entre un 'proveedor' que seria el mensajero y un usuario que contrata su servicio 'el cliente'. Un dibujo que nadie puede creer realmente".

Desde ASIMM adelantaron su rechazo a la iniciativa del Gobierno Porteño y sostuvieron que se trata de "un proyecto de ley hecho por y para las plataformas con el fin de tratar de legalizar el trabajo en negro".