Así lo confirmó la primera mandataria en el mensaje enviado a los legisladores para que aprobaran el jueves pasado la prórroga de la emergencia en materia administrativa, tecnológica, de infraestructura y servicios públicos.

El último día de marzo de 2016, la Legislatura bonaerense sancionó la ley 14812, por la que la Provincia fue declarada en emergencia en materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos por el término de un año. En el 2017, la ley fue prorrogada mediante un decreto provincial.

Entre otras prerrogativas, la norma 14812 autorizó a todos los ministerios, secretarías y entidades autárquicas a ejecutar las obras y a contratar la provisión de bienes y servicios que las mismas requerían en materia de infraestructura y servicios públicos.

Asimismo, las dependencias ejecutivas quedaron exceptuadas de publicar en el Boletín Oficial, y tenían la posibilidad de diferir el requerimiento de la constancia de inscripción de las compañías en los Registros de Proveedores y Licitadores. Este jueves, a solicitud de la gobernadora María Eugenia Vidal, los diputados bonaerenses aprobaron la prórroga a esa emergencia por un año.

En el mensaje 3623 la titular del Poder Ejecutivo detalló los motivos por los que solicitó 12 meses más de emergencia en las materias de servicios públicos e infraestructura.

“Pese al arduo esfuerzo realizado desde las distintas áreas, persisten en la actualidad las causales que motivaron tales declaraciones, que fueran originadas como consecuencia de los años de desinversión, que provocaron una actuación estatal deficiente e ineficaz”, explicó Vidal a los legisladores.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que logró este jueves media sanción en la Cámara Baja, también extendió el plazo de duración de la emergencia administrativa y tecnológica, que había sido declarada en 2016 a través de la ley provincial 14815.

En este caso, también el año pasado, la Gobernadora firmó el decreto que extendió el plazo de la emergencia, contemplada en la norma mencionada anteriormente.

Las leyes 14.812 y 14.815, sancionadas en 2016, establecieron que la duración de la crisis era de un año y que sólo podrían ser prorrogadas por única vez por un decreto de la Gobernación, en caso de verificarse que las causales continuaban.

Ambas fueron renovadas por decretos de la Gobernadora el año pasado, y ahora la discusión se trasladó a la Legislatura. En diputados, el oficialismo logró el jueves pasado los votos necesarios para darle media sanción. En el Senado, en cambio, optaron por pasar los proyectos a la comisión de Presupuesto, y se tratarían en los próximos días.