La marcha había sido convocada por: CTA, APSADES, ATE, MUMALA, Libres del Sur, Activistas Trans, Grupo Transparencia, ALUDIS, PS, Arpías, Movimiento Popular de la Dignidad, Frente Popular Darío Santillán, ADN Rebelde en Marea Popular, Hera Clitoris, Juntas y a la Izquierda (MST), Red de Derechos Humanos y Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, Fundación Entre Mujeres, Partido del Trabajo y el Pueblo, CCC, PCR, JCR. Reclamaban la necesidad de declarar la Emergencia en Violencia de Género, y repudiar los femicidios. 

Así lo indicó la senadora Gabriela Cerrano (Capital-PO), al sostener que la excusa dispuesta por los legisladores fue que no se encontraban presentes ni el presidente ni la mayoría de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. 

"Fue una vergüenza", dijo Cerrano al sostener que en la sesión pasada ella ya había solicitado que en el caso de tratar la Ley de Violencia de Género (que incluye seis iniciativas legislativas de diputados y senadores), se establezca antes una reunión con las referentes de las mujeres que se encuentran en este Frente. 

La solicitud había sido aprobada por sus colegas que dijo,  decidieron seguir en la actitud de no reunirse con este grupo.

Las mujeres "estuvieron y esperaron un rato largo. El proyecto (que integra la violencia de género, social, familiar y el fenómeno bullying o violencia escolar), igual se va a tratar la sesión que viene, que es el miércoles", dijo la legisladora.

Sostuvo que el miércoles las mujeres habían solicitado una reunión y "mandaron a decirle por el secretario de Ceremonial que la nota no tenía firma  y que debían presentar una nueva, pero esta vez con firma. 

"Fue una total falta de respeto. Y hacen esto porque la Ley es una fantochada, es un peligro", dijo Cerrano al sostener que con el nuevo proyecto se prevé derogar la llamada Ley Alderete, en la cual se disponen ciertos pasos procedimentales que, en caso de salir el nuevo proyecto, serían derogados.

Entre otros indicó que en el artículo 5 de la actual Ley, aquel policía que no reciba las denuncias incurre en un delito público. "Eso lo sacan", dijo Cerrano al contraponer la situación de docentes, dado que se dispone que cometen un delito si es que no denuncian las situaciones de bullying en 72 horas. Otro punto que sostuvo, será erradicado, es la disposición de la exclusión del golpeador de la vivienda con el inmediato pago de la cuota alimentaria. "En esta Ley se lo omite y sólo habla de la exclusión", dijo. 

Entendió que con el nuevo proyecto, "hay errores legislativos que terminan dando muchas concesiones".

 Pedido de informe

A instancias del senador Américo Liendro (Cachi-US), se aprobó una solicitud de informe por la que se requerirá al ministro de Trabajo para que un plazo de cinco días informe sobre las acciones desarrolladas por esa cartera en materia de prevención y detección del trabajo infantil. El informe abarca a toda la provincia desde  2012 a la fecha. 

Además desde esa cartera del Poder Ejecutivo Provincial, se deberá incluir si se han producido sanciones u otras disposiciones a empresas y/o emprendimientos rurales. Incluye además el  detalle de las mismas y titulares de la firmas involucradas.

Liendro logró que se apruebe la resolución por la cual se solicitará al Poder Ejecutivo Provincial y los Legisladores Nacionales por Salta, establezcan  un canal de diálogo con las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional para que  reglamente la Ley N° 26.914 referida a la Problemática y Prevención de la Diabetes.