Con una resolución publicada en el Boletín Oficial el 1 de febrero, Dante Sica designó como interventor del sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) a Julio Cesar Simon. Hijo de un reconocido abogado laboralista, Simón es un hombre de confianza del ministro de Producción y Trabajo. Su tarea sería la de hacer una evaluación económica administrativa del gremio que que supo conducir el detenido Marcelo Balcedo, y más tarde convocar a elecciones. Es decir, lo que ya se hizo en el año de normalización que lleva la organización.

La decisión de Sica tomó por sorpresa a parte del Gabinete Nacional y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todos ellos se enteraron por el Boletín Oficial del volantazo ministerial, pusieron el grito en el cielo y abrieron una interna de compleja resolución. Es que al mando de la organización estaba Conrado Reinke, un hombre que se había ganado la estima de María Eugenia Vidal, que lo había presentado como un símbolo de la batalla contra las mafias sindicales y que en las últimas semanas se había fotografiado con ella en varias oportunidades.

Ni Vidal ni su Jefe de Gabinete, Federico Salvai, están de acuerdo con el nombramiento de Simon. Es más, desde el entorno de la gobernadora advierten que detrás de la llegada del delfín de Sica podría estar la mano invisible de Balcedo para ganar tiempo y recomponer el espacio de la gente de su riñón en el sindicato.

Adicionalmente se le hacen dos daños más a la Gobernadora en un año electoral. Por un lado le sacan una silla de confianza en el inicio de lo que será una paritaria docente, más que caliente. Y por otro le embarran una gestión que era mostrada por ella como símbolo de transparencia y que empezaba a convertirse en unos de los ejes de su campaña.

Por ello expresamente le pidieron a Reinke que salga a aclarar su rol en las denuncias que circularon sobre contrataciones de una red de tarjetas para conseguir salario indirecto. Y así lo hizo desde sus redes sociales y en un raid mediático, en el que mostró el proceso de licitación por el que se otorgó ese sistema de descuentos. Se trata del primero de los pasos. El siguiente es la vía judicial contra quienes publicaron la información para que se retracten.

Pero la interna de Cambiemos podría el menor de los males abiertos por el ministro por estas horas. Es que también por el Boletín se enteró el juez platense, Ernesto Kreplak y está al borde de detonar una rebelión judicial.

El magistrado es quien tiene la potestad de nombrar interventores y removerlos porque es quien lleva adelante la causa que mantiene cautivo a Balcedo en Uruguay, y bajo la órbita de quien se maneja la intervención. Kreplak, que en sus manos ya tiene los informes económicos y administrativos que Sica le manda a elaborar ahora a Simón, e incluso tiene el cronograma electoral que devolverá el SOEME a manos de sus afiliados el 30 de mayo, hasta ahora no se pronunció. En su despacho todavía hay dudas de lo que puede ocurrir y Sica ya mandó emisarios para tratar de tender puentes. La tarea es evitar que el juez le de la espalda y lo exponga al mayor papelón jurídico-administrativo de su gestión.

El manotazo sobre el gremio de minoridad, que cosechó una caja de casi 200 millones de pesos en este año de normalización, es el segundo de Sica en poco tiempo. Hace unas semanas intentó evitar los comicios del gremio de vigiladores, UPSRA, a sólo 5 días de ir a las urnas y allí ubicó un alfil del gastronómico Luis Barrionuevo. El ministro parece estar empecinado en cometer los mismos errores que terminaron eyectando a su predecesor, Jorge Triaca, del gabinete nacional.