“Lo primero es la emergencia, la urgencia. Lo segundo es lo importante. El asunto de la planta permanente no forma parte de ninguno de esos dos grupos”, dijo a Infobae un funcionario de la Casa Rosada acerca de las conversaciones con los gremios estatales para que la administración pública nacional incorpore a 10.000 empleados contratados a la planta permanente de la administración pública . “Están queriendo imponernos una discusión antes de tiempo”, agregó.

Sucede que recién en marzo debería comenzar formalmente la paritaria de la administración nacional, ya que el último aumento acordado con la gestión anterior vence en febrero con un nuevo aumento del 5%, que se suma otro idéntico de enero. Como anticipo, el Gobierno anunció por decreto un aumento de 4.000 pesos que se incorporará definitivamente cuando se firme el próximo acuerdo.

Mientras tanto, las gremios empiezan a hacer trascender las demandas pendientes. Básicamente, la discusión está centrada en la incorporación como planta permanente de los empleados que están precarizados, que para UPCN son 20.000 y para ATE 65.000.

Y aunque voceros de la Jefatura de Gabinete aseguran que no hay diálogo sobre estos puntos, informalmente se reconoció que “suena razonable que sea una de las variables de la negociación global, aunque nadie habló de números todavía”.

En ATE, sin embargo, Rodolfo Aguiar, subsecretario nacional, explicó a Infobae que “hablar de 10.000 en cuatro años de gestión, como trascendió en algunos medios, es convalidar apenas las incorporaciones que se vienen dando hasta ahora, y lo que se necesita es que aprovechar el momento para dar un salto cualitativo en materia del respeto a los derechos de los trabajadores, no repetir lo que se venía haciendo".

Es que la administración anterior instrumentó el sistema de Convocatoria de Selección Abreviada, por el cual están por ingresar 1.329 empleados a la planta permanente, en tanto hay ya 1.067 en proceso y un listado de 1.523 para iniciar el proceso.

Es decir, razonan en ATE, si se aprobara ese plan de 10.000 incorporaciones en el actual Gobierno, el cupo de este año ya estaría cubierto. Si se parte del supuesto de que existen entre 200.000 y 220.000 empleados en la administración estatal, estamos hablando del 5% del total, muy lejos del tercio de trabajadores que están precarizados en el sistema estatal nacional, según el cálculo gremial.

De todos modos, Aguilar asegura: “No nos consta, nosotros estamos conversando y estamos muy satisfechos con el diálogo que venimos manteniendo con las nuevas autoridades, que tienen una actitud de diálogo con nuestro gremio que no había en la gestión anterior".

Andrés Rodríguez, líder de UPCN

El empleo público está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución, que establece “la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleo público”, es decir, que no pueden ser despedidos sin justa causa, aún cuando se realiza el pago de una indemnización. Un contratada, por caso, puede darse por despedido si no se le renueva el contrato, ya que ese tipo de empleo es considerado “precarizado” a partir del sexto mes de trabajo.

“Los constituyentes reconocieron la mayor esfera de libertad que tiene la actuación privada, protegiendo al trabajador del despido arbitrario y en la pública lo que se buscó fue la finalidad de conservar un estamento burocrático que permanezca a salvo de los cambios políticos que se suceden en la administración”, explicó el constitucionalista Pedro Aberastury, lo que fue reafirmado incluso por la Corte Suprema de la Nación en un fallo de 2007.