El síndico del Casino justificó el contrato de las tragamonedas

El síndico del Casino justificó el contrato de las tragamonedas
Ítalo Della Gaspera consideró -a pedido de Fiscalía de Estado- que no ha existido perjuicio. Las omisiones del funcionario.
El síndico del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Italo Della Gaspera, nuevamente es noticia. El 11 de junio pasado, remitió un informe de ocho carillas en el que termina por decir que la renegociación del alquiler de máquinas tragamonedas no ha habido perjuicio para el Casino de Mendoza, sino que "ha existido un crecimiento constante, salvo algún mes en particular por razones estacionales".

Claro que en su análisis no dice nada del crecimiento proporcionalmente mayor que tuvo el concesionario, la empresa Mendoza Central Entretenimientos (MCE) del grupo Vila-Manzano.

La historia de la renegociación de ese contrato de alquiler de tragamonedas se remonta al gobierno de Celso Jaque. En julio del 2011 el entonces titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Daniel Pereyra, renegoció ese convenio con la Mendoza Central Entretenimientos. La empresa debía hacer las obras de ampliación de la sala del Casino para albergar 200 tragamonedas más, al tiempo que debía proveer máquinas de última generación para mejorar la fidelización de los apostadores. Las obras fueron presupuestadas en $ 3 millones.

Como contrapartida, el Estado debía ir incrementando gradualmente el canon, de acuerdo al avance de las obras. Así, el "alquiler de las máquinas" se incrementaba del 26,23% de la recaudación (fijado en una licitación del año 2003), al 33,92%, de ahí al 40,09% y desde ese porcentaje al 47% final. Además de este incremento en el pago hacia la empresa del grupo Vila-Manzano, se le entregó la concesión del bar. El contrato tenía una vigencia de 3 años, prorrogables a 5 más, a pedido exclusivo de la empresa.

Actualmente el Instituto paga el 40,09% porque aún nadie se anima a firmar el incremento al 47%, justamente por el ruido que hizo la renegociación.

Es que a partir de la firma de las nuevas condiciones empezaron las críticas. Por aquellos días se entendía que el nuevo contrato implicaba una sensible mejora de las condiciones para la empresa, lo que implicaba que el Instituto dejara de ganar recursos que le servirían para financiar programas de salud y sociales. No se entendía por qué renegociar por algo que se podría exigírsele a la empresa hacer, sin modificar las condiciones establecidas en la licitación.

Sin embargo de esto no se hace cargo el síndico. Es más, Della Gáspera no debía desconocer el duro informe del Tribunal de Cuentas, en el que se observa que debió llamarse a licitación para cambiar tan drásticamente las condiciones de contratación. El informe del síndico ingresó en Fiscalía de Estado el 11 de junio pasado. El dictamen del Tribunal de Cuentas llegó al Instituto dónde se desempeña Della Gáspera el 26 de abril y Los Andes lo publicó el 19 de mayo.

El síndico remitió es escrito a Fiscalía de Estado, en respuesta a un requerimiento que llegó al Instituto el lunes 13 de mayo pasado y que rápidamente el titular del Instituto Carlos Bianchinelli se encargó de hacer conocer y de responder. En ese pedido de Fiscalía de Estado, el organismo pedía elementos técnicos que indiquen si hubo perjuicio para el Estado o no y poder decidir sobre el incremento del canon por el alquiler de las máquinas tragamonedas.

Y es por este requerimiento de Fiscalía de Estado que el informe del síndico Della Gáspera tiene importancia, a la hora de fortalecer la posición del Estado. Pero, por el contrario, la debilita.

El síndico aporta una serie de planillas con la evolución de la recaudación total y la neta y la que le corresponde al Instituto. Sólo como ejemplo y para hacer la comparación, en mayo del 2011 la recaudación total fue de $20.866.235; a ese número hay que restarle lo que se paga en premios a los apostadores para obtener el neto, que ascendió a 5.139.486. De eso, le correspondía al Instituto el 73,77%, de acuerdo a las condiciones fijadas en la licitación del 2003, es decir $3.791.399. En esta época, MCE se llevó 1.348.087.

Dos años después, en mayo del 2013, con doscientas tragamonedas más, la recaudación total ascendió a $39.479.067. Después de restar los premios, el neto llegó a $8.907.217. Restando lo que corresponde de canon para la empresa, al Instituto le corresponde el 59.91%: $5.336.314 y esta cifra sin aplicar el 47% final.

Lo curioso es que, como no aparece la evolución de la recaudación de MCE, no puede verse lo que efectivamente deja de ganar el Estado. Como para dar una idea: en caso de que se hubiese aplicado el 26,23% de canon, el Instituto hubiese ganado $6.570.853 y la empresa hubiese cobrado $2.336.363, es decir casi el doble de lo que cobraba antes de la renegociación (debido al incremento de máquinas, que pasaron de 360 a 560). Hoy, con el porcentaje renegociado pero aún no completo, se llevó en mayo pasado 3.570.903 pesos y se podría llevar, con el 47% definitivo, $4.186.391.

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