ATE solicitó al gobierno provincial actualizar el salario de acuerdo al Mínimo, Vital y Móvil

ATE solicitó al gobierno provincial actualizar el salario de acuerdo al Mínimo, Vital y Móvil
Actualmente el salario garantizado en la provincia está en 2.470 pesos, lo que difiere del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que según el monto que surgió del Consejo del Salario y comenzó a regir a partir del 1º de septiembre es de 2.670 peso
El Consejo Directivo Provincial (CDP) de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamó ante el Poder Ejecutivo entrerriano el cumplimiento del Art. 82º de la Constitución Provincial, cláusula que establece que el salario mínimo para los obreros del Estado, no será inferior al vital y móvil.

Actualmente el salario garantizado en la provincia está en 2.470 pesos, lo que difiere del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que de acuerdo al monto que surgió del Consejo del Salario y comenzó a regir a partir del 1º de septiembre es de 2.670 pesos y de 2.875 pesos desde el 1º de febrero de 2013.

En los fundamentos del pedido de actualización, ATE destacó que “el precepto constitucional que determina la adhesión y respeto al SMVM; está claramente especificado en la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que este es la menor remuneración a percibir en “efectivo” el trabajador sin carga de familia y por su jornada laboral.

En la misiva enviada tanto al gobernador Sergio Urribarri, como a los Ministros de Economía, Gobierno y Trabajo; se señaló que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 82º inciso d) de la Constitución Provincial lo establecen. La Carta Magna nacional considera en el 14 bis los alcances del SMVM: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagadas; retribución justa; salario mínimo vital móvil…”. Este artículo contempla entre otros fundamentales derechos los que prescriben “igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

Por su parte además de lo señalado arriba, la Constitución entrerriana indica en el artículo 82º: “El trabajo es un derecho que el Estado protege e impulsa. Promueve el empleo y el trabajo decente, en igualdad de condiciones para todos, reivindicando su competencia en materia de policía. Controla el efectivo cumplimiento de la norma laboral y de las disposiciones convencionales y sanciona su incumplimiento. Garantiza la promoción de las acciones tendientes a la erradicación del trabajo no registrado y el cumplimiento de la legislación sobre trabajo infantil. Genera mecanismos de acercamiento entre las ofertas y demandas de puestos de trabajo. Reglamenta las condiciones de trabajo de empleados públicos provinciales y municipales”.

El sindicato también fundamentó su pedido en el artículo 75 inciso 22 de la Parte III del Pacto Internacional de los Derechos Económico, Sociales y Culturales (PIDESC), incorporado a la Carta Magna nacional en la reforma de 1994. El CDP de ATE recordó que el Estado argentino ha entendido que el salario, para cumplimentar lo ordenado en el PIDESC, es el fijado a través del Consejo del Salario Mínimo que llegó a un acuerdo para fijarlo en 2.670 pesos a partir del 1º de septiembre y a partir del 1º de febrero de 2013 en 2.875 pesos. Finalmente, se destacó que el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 prescribe en el Capítulo II Del Salario, Mínimo, Vital y Móvil que el “Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. En función de que el monto acordado por el Consejo del Salario está lejos de dar cumplimiento al objetivo del SMVM, lo menos que debe hacer el gobierno provincial es respetar lo establecido.

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