Señaló que “el Gobierno de la provincia ha sacado un paquete de leyes que ataca directamente el bolsillo de los trabajadores” y que estuvo amparado por la Legislatura que “ha legalizado los incumplimientos que viene llevando adelante el Ejecutivo provincial”.

“El Gobierno les saca plata a los trabajadores y de sus propias obligaciones no pone un solo peso en el IPAUSS”, cuestionó y remarcó que el órgano de retención transfiere al IPAUSS los aportes porque están a cargo de los trabajadores pero las contribuciones que le corresponden al empleador no las transfiere.

En enero, el Gobierno no le remitió al IPAUSS 43 millones de pesos en concepto de contribuciones asistenciales y tampoco le remitió 55 millones de pesos correspondientes a contribuciones previsionales. Esto significa que el Gobierno, en tan solo un mes de gestión, le debe al IPAUSS casi 100 millones de pesos.

García dijo que si hacemos un análisis complejo de la situación y sabemos que a través de la ley de emergencia la legislatura autorizó utilizar los 60 millones de pesos que el IPAUSS tenía en el Banco Nación, y que correspondía a los trabajadores, para pagar jubilaciones, puede decirse que el Gobierno de la provincia “no transfirió al IPAUSS más de ciento sesenta millones de pesos”.

“Que hoy vengan a plantear un aporte extraordinario de los afiliados para que el Estado siga sin poner plata me parece una falta de respeto. Me parece raro que la Legislatura haya aprobado este paquete de medidas entendiendo que ha fortalecido la evasión patronal y obviamente me parece una falta de respeto del Superior Tribunal de Justicia y de la Justicia en sí sacar una acordada en la que asiente que hay una emergencia y justifica este paquete de medidas que ha sacado el Gobierno de la provincia en consenso con estos dos poderes”, opinó el funcionario.

La patronal sigue evadiendo sus obligaciones

García explicó que entre lo que debiera entrar y lo que se ahorraría el propio Estado de transferir en concepto de aporte solidario estamos diciendo que el IPAUSS va a tener un ingreso total de más de 28 millones de pesos.

“El sistema previsional está teniendo un déficit de entre seis y ocho millones mensuales. Obviamente va a empezar a percibir más de 28 millones de pesos por lo que estamos hablando de superávit pero lo cierto es que si hablamos de las evasiones lo más probable es que lo que entra al IPAUSS para sostener a los dos sistemas es el aporte del trabajador más el aporte solidario. La patronal sigue evadiendo como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo”, evidenció.

Lo innecesario del aporte solidario

García indicó que si el Gobierno cumpliera con la remisión de contribuciones, no haría falta contar con un aporte solidario. Con el aporte solidario se recaudan 28 millones de pesos y el Gobierno debe 100 millones en concepto de contribuciones patronales. Mientras que el déficit del que se habla es de 8 millones de pesos. “Debiéramos tener en el mejor de los casos si el Gobierno cumpliera un superávit de 100 millones de pesos en el instituto y estamos con menos de 100 millones porque el Gobierno no transfirió las contribuciones”, expuso el funcionario.

La acordada de la Justicia

El director por los activos opinó sobre la acordaba del Superior Tribunal de Justicia que les da la opción de acogerse o no al aporte solidario a los funcionarios de mayor rango. “La Legislatura parece que le tuvo miedo a la justicia porque sacan una ley donde incluyen a todos. Eso está muy claro las leyes son para todos y no pare un sector nada más, hablando concretamente de este caso que es el aporte solidario”, manifestó. “Lo llamativo es que primero se los incluye y después en un párrafo aparte la Legislatura los invita a adherirse, tal es así que los tres jueces del Superior Tribunal sacan una acordada en la que también es llamativo ya que si bien ellos autoadhieren a la emergencia, invitan a los funcionarios que están por debajo de la escala jerárquica de ellos tres a que se adhieran o no. También lo llamativo es que si bien invita a que se adhieran no le permite elegir a la planta permanente de la Justicia sino que le impone el aporte”, agregó.

“El contexto político, técnico y legal está viciado por todos lados desde el momento en que la Justicia entiende que hay una emergencia o no entiende, o adhiere o no adhiere, no puede adherir en parte porque estamos discriminando a los propios empleados de la Administración Pública y castigando a los sectores que más trabajan y los que más cobran pueden elegir o no y lo más probable es que no se adhieran”, evaluó.

Convocatoria al paro del 24

García convocó a los trabajadores al paro nacional que ATE llevará a cabo el 24 de febrero para repudiar y pedir la inconstitucionalidad del paquete de leyes del Gobierno.

“Esperamos que el 24 sea contundente porque necesitamos a la gente en la calle. Esto se arregla políticamente, administrativamente el camino es largo sabemos que es judicial únicamente y que no va a terminar en la provincia sino que va a seguir una instancia  judicial a nivel nacional a través de la cámara así que estamos hablando no menos de 4 años de resolución. Como la definición que se aprobó en la Legislatura fue política, no técnica, esto se va a resolver políticamente y pare eso necesitamos la fuerza política de todos los trabajadores”, concluyó.