El lunes pasado el secretario general del SOMU, Omar Suárez, recibió a la viceministra de Trabajo, Noemí Rial y al subsecretario de Pesca, Miguel Bustamante, tal como anticipó REVISTA PUERTO. En dicho encuentro los funcionarios intercedieron ante el gremialista buscando modificar su pretensión en cuanto al cobro de cajones de pescado en concepto de ayuda social. Lograron que Suárez aceptara el valor de dos cajones por barco y por viaje, en el caso de embarcaciones con capacidad de hasta 500 cajones, solo una vez que se haya completado totalmente su carga. Un pedido que había formulado el representante de embarcaciones costeras de General Lavalle y que beneficiará también a todas las embarcaciones de rada o ría.

Sin perjuicio de ello, el tema que mantiene vivo el conflicto –sumar este aporte al que ya se realiza por acción social, en vez de reemplazarlo– no fue resuelto. Por tal motivo, en la tarde de ayer los armadores nucleados en la Asociación de Costeros de Mar del Plata se congregaron en su sede para decidir si aceptaban o rechazaban las exigencias del SOMU. Recordemos que las embarcaciones con capacidades de 500 a 1000 cajones deben aportar el equivalente a 3 cajones y los de más de 1000, el equivalente en dinero de 4 cajones por viaje y por barco. En dinero, el aporte se traduce en 1500 pesos en el primer caso y en 1200 pesos en el segundo.

El objetivo de los Costeros era reemplazar el artículo 21 del Convenio Colectivo de Trabajo, que aún no fue homologado, donde se especifica el aporte por acción social a razón de 100 pesos por tripulante, dejando en su lugar constancia de este aporte que realizarán en cajones/dinero. Pero como es de público conocimiento los dirigentes gremiales se opusieron rotundamente a ello: quieren que el aporte solidario se sume a los de acción social y que no se realicen modificaciones al convenio, firmándose un acta por fuera para dar legitimidad al acuerdo.

Lograr que los pescadores armadores de la Asociación de Costeros en su conjunto aceptaran la propuesta presentada la semana pasada, no debe haber sido tarea fácil para Mariano Retrivi, gerente de la Asociación, ya que muchos se resisten a realizar este aporte solidario. Eso pudo observarse claramente en la Asamblea del día de ayer: varios armadores se encuentran muy complicados económicamente y consideran el reclamo del SOMU como una “extorsión” que no están en condiciones de afrontar, según afirmaron.

“Si no les pagamos los que nos piden no podemos trabajar más porque nos paran los contenedores y nuestros compradores nos dicen que no nos van a volver a comprar porque si no, no pueden sacar su mercadería; entonces nos sentimos extorsionados y no tenemos herramientas para pagarlo”, afirmó un joven pescador, mientras otros le pedían mesura.

“Hay una realidad, la mayoría de las empresas no están bien, estamos saliendo a pescar porque nos están bancando los proveedores, le debemos al que nos provee combustible, la comida, a Coomarpes; pero es una rueda, tenemos que seguir saliendo a trabajar para juntar lo que estamos debiendo y cada vez debemos más”, señaló uno de los integrantes de la Asociación tratando de describir la situación que enfrentan, más allá del reclamo del SOMU.

Pero la explicación más clarificadora fue la que escuché puertas afuera de la reunión, cuando el micrófono todavía no se había encendido y muchos no habían advertido mi presencia: “De qué estamos hablando, nos estamos muriendo, están alquilando ocho barcos para que se los lleven a la Patagonia, les están dando su herramienta de trabajo, su historia para que la use otro y encima ni siquiera saben cómo va a volver su barco”.

El rechazo del SOMU a la propuesta de la Asociación, tuvo su momento de negociación más difícil puertas adentro. Pero finalmente ambas partes accedieron a respetar los compromisos asumidos y a las 11:30 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, Noemí Rial y los dirigentes gremiales recibirán, de manos de Mariano Retrivi, la nueva propuesta.

El artículo 21 del Convenio establecerá un aporte de acción social de 50 pesos por tripulante y se añadirá el importe equivalente a 3 y 4 cajones, por barco y por viaje, según confirmaron desde la Asociación. La aceptación por parte de los armadores está atada a la esperanza de recibir ayuda del Gobierno Nacional, para poder paliar la crítica situación económica del sector. Entre otros aspectos, lograr el precio mayorista de combustible. Ahora será el SOMU el que deberá decidir si acepta.