La eliminación del llamado Fondo Federal Solidario -una porción de la recaudación por las retenciones a las exportaciones de soja que recibían las provincias y los municipios- quitará a los bonaerenses $7.750 millones en lo que resta del mandato de Mauricio Macri. 

El impacto en las comunas será un recorte de $3.200 millones que los intendentes destinaban para obras de infraestructura como bacheos, reparaciones en hospitales, luminarias y asfalto. 

De modo que el ajuste encarado por el Presidente para cumplir con las exigencias del FMI, y que la Gobernadora acepta a pie juntillas, obligará a los jefes comunales a dejar las obras a medio hacer, a suspenderlas o, directamente, a desestimar nuevas inversiones, lo que redundara en menos empleo.

Entre los municipios que más fondos perderán se destacan La Matanza, que dejará de recibir $54.139.062 en lo que resta de este año y $193.353.758 el próximo; Merlo, con una quita total de $114.931.973; Malvinas Argentinas, que ya no dispondrá de $106.717.763; La Plata, que dejará de percibir $90.343.362; Lomas de Zamora ($74.767.681); General Pueyrredón ($72.530.241); y Quilmes ($68.542.081). 

Además, desde este año a las comunas se les quitó el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). 

Sin embargo, este ajuste, feroz, intempestivo, que empuja al desempleo a tantos, no será el único problema que deberán afrontar las comunas en uno de los años más difíciles para sus arcas. Pues, el Gobierno parece no haber advertido que, en época de crisis, las familias achican gastos, recortan por el mal menor, dejan de pagar impuestos.

Más aún, cuando al pagarlos se sienten estafados: la presión fiscal argentina se lleva alrededor del 35% de los ingresos, muy por encima de nuestros vecinos latinoamericanos, al mismo nivel de los europeos, pero sin los servicios que ofrecen esos Estados.

Entonces, para las familias de clase media, todavía a flote, no habrá duda: entre pagar impuestos o seguir abonando la cuota de los colegios privados de sus hijos optarán por esto último. Para que sus chicos no pierdan días de clases, pero, sobre todo, para que sus vidas no corran peligro, ahora que las muertes en la escuela de Moreno desnudaron la precariedad de las aulas públicas bonaerenses.

Entre tributar al fisco y una obra social que los rescate de los desfinanciados hospitales públicos, preferirán destinar parte de sus ingresos al abono de una medicina prepaga.

A la hora de cumplir con sus obligaciones impositivas o con los tarifazos de la luz, el gas, el agua, el transporte, no habrá más opción que destinar sus esfuerzos al pago de servicios que son esenciales, y que las empresas -grandes ganadoras del modelo- cortan ante la mínima mora.

Con una inflación que crece al ritmo de la devaluación, devorando salarios, limitando la vida, quizá uno de los pocos tributos por los que el Estado seguirá sumando fondos a su alicaída recaudación será el IVA. 

Aunque, en esta economía fría, se recurra a cada vez más a segundas marcas, haya alimentos que se dejen de comprar, gustos que se achiquen. En consecuencia, también se reducirá lo recaudado por ese regresivo y estorsivo impuesto que pagamos en el supermercado, con cada alimento, al elegir qué comer. Casi un lujo, en esta Argentina en la que más de 14 millones de pobres no conocen la dignidad diaria del pan.