La fuerte pelea entre dos sindicatos que compiten por la representación de los trabajadores del subte puede terminar afectando el servicio y tomando como rehenes a las víctimas de siempre: los pasajeros. Nada nuevo, por cierto, pero agravado porque ya se está librando la batalla final entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los metrodelegados luego de que este éstos pidieron una compulsa al Ministerio de Trabajo para determinar quién tiene más afiliados en el sector y se quedará con la personería gremial, que reconoce una serie de derechos privilegiados.

Enfrentados, han generado en los últimos años medidas de fuerza justamente para medir fuerzas. Y la como la UTA actualmente tiene la personería gremial, sus dirigentes son los que estampan la firma en la paritaria con la que se regulan las subas salariales. Hace dos años, en plena disputa, la UTA aceptaba un aumento que los metrodelegados rechazaban y así se registró el histórico paro de 10 días (ver Una disputa...).

La audiencia para hacer las verificaciones correspondientes, en donde cada gremio debe llevar las fichas de afiliación y los libros contables en donde constan los aportes de los trabajadores, estaba prevista para el jueves pasado, pero se postergó sin fecha luego de un recurso presentado ante Trabajo por la UTA, que conduce Roberto Fernández, un miembro de la CGT oficialista que hoy está asociado al sindicalismo opositorque pilotean Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.

En la vereda de enfrente está la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), dirigido por Roberto “Beto” Pianelli y Néstor Segovia, alineados con el kirchnerismo, un sindicato surgido en 2008 luego de que sus integrantes se fueran de la UTA por no sentirse representados por la conducción de Fernández. Pianelli, ex militante del MAS que se pasó a las filas del partido de Martín Sabbatella, y Segovia, que dejó el MST por la fuerza de Luis D’Elía, conviven con partidos trotskistas como el PTS, cuya principal figura es Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B, y el Partido Obrero, con Charly Pérez como uno de sus referentes. Todos coinciden en una tenaz oposición a las políticas del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

Los metrodelegados creen que ganarán la compulsa porque podrán acreditar un poco más de 2.000 afiliaciones mientras que la UTA, dicen, llegaría a las 1.000 “en el mejor de los casos”. Incluso cuentan a su favor unas 400 desafiliaciones a la UTA que no fueron registradas por este gremio. Pianelli dijo a Clarín: “Sabemos que no hay vuelta atrás: vamos a conseguir la personería”.

En diálogo con este diario, Fernández habló de una “mano negra” que los quiere perjudicar porque el Ministerio de Trabajo no les había informado con suficiente tiempo de la audiencia del 3 de julio. “Es un tema político. Hay una idea de favorecer a los metrodelegados –advirtió-, pero tenemos derecho a defendernos”. Dijo que tiene unos 1.500 afiliados reales en el subte y aseguró que no le preocupa si la compulsa no lo favorece: “A lo sumo, habrá dos sindicatos con personería”.

Algunas fuentes sindicales advierten que Pianelli pidió la compulsa luego de una sugerencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada: ambos son amigos, comen asado todas las semanas y militan en el kirchnerismo porteño. La postergación de la audiencia no favorece a los metrodelegados, que querían apurar los tiempos, aunque en el Gobierno admiten que no quieren irritar a la UTA por dos buenos motivos: está por firmar la paritaria para los choferes de larga distancia y, además, busca seducirlo para que rompa con el moyanismo (es que la adhesión de los colectiveros fue clave en el paro del 10 de abril y volverá a serlo en la nueva huelga general que se organiza).

Lo cierto es que, una vez que el Ministerio de Trabajo coteje los datos de los dos sindicatos, el que tenga un 10% más de afiliados se quedará con la personería gremial (hoy, en manos de la UTA), que habilita a toda organización a ejercer el “poder de lapicera”, es decir, al privilegio de firmar acuerdos que alcanzan a afiliados y no afiliados, entre otros derechos exclusivos.

Sea cual fuere el resultado, es altamente probable que el gremio perjudicado reclame ante un juez y esa instancia congelará el conflicto. Así lo reconoció una fuente oficial: “Hay un dictamen de la Procuración que nos impide avanzar si un planteo llega a la Justicia”. Por lo tanto, el conflicto puede quedar indefinido por un largo tiempo. ¿Provocará una competencia intrasindical que se traducirá en medidas de fuerza? Es la duda que nadie puede despejar.