El Gobierno ofrece a los estatales un bono de 5 mil pesos en concepto de recomposición salarial 2017 y 14% de incremento salarial para el año que viene en tres tramos no acumulativos: 5% en febrero, 5% en junio y 4% en octubre. 

 

Juran que es una gran oferta, pero prevén un pequeño margen para negociar. No se regateará el monto del bono, ni el porcentaje para 2018 está en negociación, pero sí podrá negociarse el adelanto a enero del primer tramo del aumento y un ajuste gatillo para fin de año, en caso de que la inflación supere el porcentaje ofrecido.

 

Otra cosa no se negocia, porque el pacto fiscal firmado por las provincias y la Nación pone límites de hierro al incremento del gasto en las cuentas. Por eso es que el bono no puede ir en blanco y buscan denodadamente convencer a los gremios de que lo acepten tal como lo ofrecen, jugándose a la idea de que seguramente 5 mil pesos, aunque en negro, son más jugosos que un cinco o seis por ciento en blanco.

 

Un detalle: en el Gobierno saben de antemano que habrá algunos pocos sectores que no estarán convencidos del bono por los elevados montos salariales que cobran. En un repaso rápido sospechan que el no puede venir de buena parte de los profesionales de la Salud representados por Ampros y los funcionarios judiciales, que se sentaron ayer en paritaria y rechazaron la propuesta. Podrían agregarse funcionarios de organismos de control, a los que 5 mil pesos les parecerán magros.

 

Pero en los recovecos gubernamentales se esperanzan en que 5 mil pesos es mucho dinero para la mayoría de los estatales, incluidos los docentes. Mucho más de lo que les correspondería si aplicaran un porcentaje. En las cuentas oficiales ya había trascendido que el incremento rondaría los $ 2.000 en caso de ajustarse al frío porcentaje inflacionario.

 

Estos datos son los que esgrimen cuando dicen que es una buena oferta. Agregan además que el Gobierno nacional, y particularmente el Banco Central, apuestan a lograr una inflación que ronde el 10% anual, entonces un 14% de ajuste salarial parece tentador, según el entender de los funcionarios del Ejecutivo.

 

En el mismo sentido se manifestó ayer el negociador del Gobierno, Ulpiano Suárez. “Al momento de definir esta modalidad hemos entendido que una gestión ordenada ha permitido generar economías que nos permiten llegar con este bono que es mucho más beneficioso para la generalidad de los trabajadores. Un 4 o 5% de incremento al básico es muy poco, esa recomposición es irreal”, dijo el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado.

 

Claro que las cuentas también hacen trampa. El frío porcentaje de la recomposición salarial 2017 podrá dar una cifra menor, pero darlo en blanco sube el cálculo de los egresos del Estado porque se transforma en un compromiso a pagar a lo largo de todo el año que viene. En negro es por única vez, y así resulta más sencillo cumplir con las metas del acuerdo fiscal. 

 

Incluso más, hasta algún funcionario sinceró que, si los gremios lo pidieran, podrían establecer una cláusula gatillo para compensar una eventual inflación por encima del 14%. Hay receptividad para un planteo como ése, porque de haber más inflación, el incremento se pagaría unos pocos meses del año. 

 

De los gremios que se sentaron en la paritaria, los que representan a los empleados legislativos, ATE y Asociación Personal Legislativo (APEL) se llevaron la oferta oficial y volverán en los próximos días con una contrapropuesta.

 

Ayer, la oferta también fue pronunciada ante la Asociación de Funcionarios Judiciales y la Asociación del Personal de los Organismos de Control (representa a los empleados de Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Contaduría General). 

 

Los funcionarios judiciales y los organismos de control seguirán discutiendo en lo que se conoce como comisiones técnicas para ir arrimando posiciones y volver a la Subsecretaría de Trabajo la semana que viene; los funcionarios judiciales el miércoles que viene y el resto el jueves desde las 9.