Los despidos y suspensiones continúan a pesar del decreto del Gobierno que los prohíbe. Acindar en su planta de La Tablada comunicó a los trabajadores que encarará un plan de suspensiones masivas, con recortes de salarios. La fábrica Renault y el Smata acordaron suspensiones con el pago del 60 % de los salarios. También los trabajadores de las multinacionales McDonald’s y Burger King denunciaron que percibieron la mitad de sus salarios.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 329/2020 prohibió los despidos sin causa, o por “fuerza mayor o disminución del trabajo”. Pero en el artículo 3 de dicho decreto aclara que “quedan exceptuados de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”.

El abogado Matías Aufieri explicó que el DNU “prohibió también las suspensiones sin goce de sueldo previstas por el artículo 221 de la Ley de Contrato de Trabajo para casos de fuerza mayor. Pero habilitó expresamente las suspensiones contempladas en el art 223 bis de la misma ley, que son aquellas pactadas entre el empleador y los/as trabajadoras/es ya sea “individual o colectivamente, u homologadas por las autoridades”, y que implican pagos “no remunerativos” de una parte del salario habitual””.

De esta manera, el Gobierno le dio la opción a las patronales para suspender y reducir salarios con la complicidad de la burocracia sindical. El temor a los despidos es el chantaje ideal para que los empresarios puedan imponer peores condiciones laborales.

Según el relevamiento del Observatorio Social de Despidos a nivel nacional se registraron 10.634 de despidos y suspensiones desde el comienzo de la cuarentena obligatoria.

Ante cada crisis las patronales buscan descargarla sobre los trabajadores. Si el desempleo aumenta puede actuar como un factor de disciplinamiento de los salarios. Se necesitan medidas de autodefensa de la clase trabajadora como el pago del 100 % de los salarios, ningún cambio en las condiciones de trabajo, ningún despido ni suspensiones con rebaja salarial, y los sindicatos deberían garantizar la prohibición de despidos.