SUTCAPRA reclamó por la ley de Controladores en Salta

SUTCAPRA reclamó por la ley de Controladores en Salta

El gremio pidió "mayor dinamismo" en la aplicación de la normativa provincial que adhiere a la ley nacional 26.370 de Espectáculos Públicos.

Dirigentes de la delegación Salta del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) plantearon ante el ministro de Trabajo de la provincia, Dr. Eduardo Costello, la necesidad de una “instrumentación más dinámica” de la ley provincial 7.649, que adhiere a la ley nacional 26.370.

“Es fundamental que la autoridad de aplicación sea el ministerio de Trabajo y que el RECAP -Registro Público Provincial de Control de Admisión y Permanencia - funcione bajo su órbita. Así se instrumentaría de manera más dinámica la aplicación de nuestra ley, por medio de inspecciones y acciones de la cartera laboral”, señaló Federico Lobos, líder de SUTCAPRA Salta.

Por este motivo, el dirigente sindical mantuvo en las horas un importante encuentro con la máxima autoridades laboral de la provincia, logrando el compromiso del funcionario para trabajar en forma mancomunada con el objetivo de dar cumplimiento al marco legal vigente en beneficios de los trabajadores controladores.

Lobos estuvo acompañado por el secretario adjunto de la delegación Claudio Leandrini y su par de la secretaría de Prensa y Difusión Daniel Carrizo. De la reunión también participó el diputado provincial Emanuel Sierra, quien también extendió su apoyo al gremio.

Al respecto, el titular de la secretaría general nacional SUTCAPRA, Leandro Nazarre, brindó acompañamiento a los trabajadores de Salta y felicitó al dirigente Lobos y su comisión directiva por el desempeño y la constante lucha en defensa de los controladores de la provincia del norte del país.

La ley provincial 7.649 fue sancionada en noviembre de 2010 en cumplimiento a lo requerido por la ley nacional 26.370 de Espectáculos Públicos que regula la actividad del sector. De esta manera, Salta se adhirió a la normativa nacional y determinó que el órgano de aplicación sea el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, decisión que hoy genera desencuentros entre las partes.

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