Tensión en CGT por Canillitas y nueva intervención judicial

Tensión en CGT por Canillitas y nueva intervención judicial

La indiferencia de sectores mayoritarios de la CGT a la intervención del gremio de Canillitas disparó una nueva interna en el corazón de la central sindical.

 Ayer la controversia quedó de manifiesto por la falta de acuerdo entre los espacios que reclaman confrontar con el Gobierno con los que minimizan el desplazamiento de la cúpula del Sivendia por parte de la Justicia federal. En medio de ese tironeo, además, se conoció que el mismo fuero judicial avanzó hacia la intervención de otro gremio, el de seguridad (UPSRA), en el mismo sentido que lo había intentado a fin de año el Ministerio de Trabajo. 

Ayer la atención se concentró en un acto en la puerta del sindicato de Canillitas, donde los respaldos formales al desplazado jefe de la organización y diputado nacional, Omar Plaini, contrastaron con la escasa presencia de dirigentes. Sin la participación de miembros del triunvirato de líderes de la CGT (Héctor Daer se excusó por encontrarse en Uruguay) en la convocatoria apenas se vio a Facundo Moyano, Juan Pablo Brey, Rodolfo Daer, Pablo Biró, Walter Correa y Víctor Santa María, en tanto que de una de las CTA estuvo Pablo Micheli. 

Plaini demandó en el acto la implementación por parte del movimiento obrero de "un cese de actividades inmediato" en repudio de la intervención ordenada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y, de paso, en contra de la política oficial respecto de las organizaciones sindicales y de la gestión económica. Hasta ahora las respuestas más asimilables fueron las de la Corriente Federal, un sector interno que tiene como referente al bancario Sergio Palazzo que llamó a una movilización contra el Ejecutivo para el 7 de agosto, y la de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que resolvió consensuar con la CGT una marcha del mismo tenor. 

Por lo demás, y fuera de un comunicado con la firma del triunvirato de conducción, en la cima de la organización descartaban la posibilidad de concertar una marcha antes de las elecciones de octubre y mucho menos un paro nacional, como pidió Plaini. En ese diagnóstico coincidían tanto los "gordos" de los grandes gremios de servicios como los aliados de Hugo Moyano, a pesar de que el referente canillita históricamente reportó en ese espacio. 

De todos modos, cerca del camionero recordaron que Plaini se había recostado en el Frente para la Victoria y en la figura de Cristina de Kirchner y hasta destacaron que la denuncia de 2013 que dio origen a la intervención había corrido por cuenta de sus entonces opositores kirchneristas. La explicación general para no activar un plan de lucha contra la avanzada oficial sobre los gremios es que podría interpretarse como un favor político al kirchnerismo en plena campaña. 

"La inacción de la conducción de la CGT en defender un integrante de su Consejo Directivo es la muestra de que después de las elecciones habrá que renovar autoridades. Esta conducción está deslegitimada a niveles que no habíamos visto en años frente a un avance inédito de la Justicia penal que puede terminar con el encarcelamiento de dirigentes", se quejó anoche ante este diario Biró, miembro de la Corriente Federal. Ese espacio hará una marcha el 7 de agosto a la Iglesia de San Cayetano. 

En medio de la tensión ayer este diario pudo confirmar que el juez federal Ariel Lijo ordenó hace dos semanas intervenir el sindicato de Seguridad, UPSRA, frente a la virtual acefalía de la organización. Trabajo ya había intentado intervenir de forma administrativa el gremio que encabeza todavía Angel García pero un fallo de la Justicia laboral dejó esa medida sin efecto. 

La crisis en Sivendia y la nueva intervención ordenada en UPSRA(ahora pendiente de una apelación de García ante la Cámara Federal) se suman a las del sindicato de marítimos (SOMU), a cargo de funcionarios de Cambiemos, y la de la Federación del Azúcar (FEIA), suspendida por la Justicia laboral.

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