La negociaciones paritarias entre el gremio de Sanidad, que conduce el cotitular de la CGT Héctor Daer, y los empresarios que representan a clínicas y sanatorios volvieron a fracasar, por lo que desde el sindicato no descartan realizar medidas de fuerza en los próximos días. Se trata de la revisión de las paritarias del año pasado, pero que debían ser revisadas ante el desfase provocado por el impacto de la inflación de 2019, la mayor de los últimos 28 años.

Sucede que desde el sector privado, por un lado, comprenden y entienden la necesidad de una recomposición salarial, pero por el otro sostienen que no pueden solventarlo, sobre todo porque las obras sociales más importantes, como PAMI, IOMA o las prepagas, no actualizan los valores abonados por las prestaciones realizadas.

Sólo un ejemplo: el PAMI, la obra social de los jubilados, y la mayor en cantidad de afiliados en todo el país, reajustó, en el último año y medio, un 40% el valor de las prestaciones cuando la inflación en ese período superó el 70%.

La situación en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) no es mucho mejor. Allí convive el pago de prestaciones al sector privado y público a valores del año 2017, y un retraso de pagos a prestadores que va de los tres a los seis meses.

Un trabajo elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, presentado en la Cámara de Diputados durante el debate por la emergencia sanitaria, sirve como parámetro entre el equilibrio operativo de las instituciones obligadas a brindar el Programa Médico Obligarorio (PMO) y el estado general del sistema.

“En febrero del año 2010 -dice el trabajo-, el costeo del PMO daba $88,26, mientras que en julio de 2019 alcanzó los $1.833,81; esto sin considerar el impacto de la devaluación de agosto de 2019. Hay una diferencia de casi el 70% entre la inflación real y el costo médico”.

Si no llegan un acuerdo salarial, el gremio de la Sanidad anunciará medidas en sanatorios y clínicas.

Los representantes de la clínicas, sanatorios y grandes grupos empresariales de medicina han planteado públicamente la necesidad de “rebalancear las coberturas que alcanza el Plan Médico Obligatorio, que nació en 2002 para garantizar una canasta básica de cobertura”, pero, según denuncian, "se convirtió en una base infinita e insostenible”.

En la negociación paritaria, los representantes de las más grandes prestadoras de medicina prepaga como Galeno, OSDE o Swiss Medical se quejaron porque en mayo de 2011, durante la presidencia de Cristina Kirchner -la actual vicepresidenta- el Parlamento aprobó la ley que regula por parte del Estado el aumento de las cuotas de las prepagas y conserva la obligación del PMO. También impide a las empresas rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes y sostiene que la edad no puede funcionar como criterio para rechazar una admisión, entre otros requisitos.

Alberto Fernández acordó con la CGT aumentos salariales mediante sumas fijas remunerativas a cuenta de futuras paritarias.

Para los empresarios, esta regulación les hizo mucho daño porque deterioró sus rentabilidades hasta dejarlos por debajo del "punto de equilibrio”. La devaluación del último tramo del gobierno de Mauricio Macri, y los costos que se dividen en dos grandes porciones, un 65% en recursos humanos y otro 35% a la adquisición de insumos -como los medicamentos de alto costo- y tecnología, terminó de poner a la medicina prepaga en terapia intensiva.

También están las dificultades que aduce el sindicato de Sanidad para negarse a firmar un acuerdo paritario que pondría fin a las negociaciones aún pendientes de 2019; desde el gremio afirman que conocen las dificultades por las que atraviesa el sistema de salud privado, pero advierten: “No por eso dejaremos de reclamar lo que es justo”.

La razón de llevar el conflicto a la calle, o si es necesario realizar alguna medida de fuerza directa, tiene una fuerte razón de ser: el cierre a pérdida de la paritaria 2019, que llegó a un 32%, una cifra muy alejada al 53,8% inflacionario con cláusula de revisión.

Por eso, Daer pugna por una recomposición de un 2% y que se incorporen los 4.000 pesos otorgados por decreto presidencial al básico de convenio para que las categorías no se sigan achicando, y que será absorbido en el próximo acuerdo salarial, que por ahora no llega. La propuesta sindical se completa con incorporar -siempre al básico- otra suma fija aún no establecida.

La crisis por la que atraviesa el sector de la sanidad es tan grave que algunos sanatorios o clínicas aún no abonaron ni siquiera los 4.000 pesos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional en dos tramos, uno de $3.000 y otro de $1.000, y esto también genera malestar entre los trabajadores.

La última reunión encabezada por el líder de la CGT y los representantes de clínicas y sanatorios ocurrió el pasado martes 3, poco después del mediodía en el edificio que la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA,) en la calle Dean Funes 1242.

Unos y otros acordaron reunirse una vez más para acercar posiciones. Si el resultado es el mismo, llegarán las movilizaciones y otras medidas que ya se están evaluando.