Las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte porteña, vuelven a crispar la siempre tirante relación entre la Casa Rosada y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.Mancomunados en la estrategia electoral y alineados en la política, la riña entre el gobierno nacional y el porteño vuelve a aparecer en un escenario vinculado a la gestión y el reparto de cargos.

La ecuación es compleja desde el punto de vista político. Hay dos vacantes, múltiples candidatos y se requieren 40 votos de la Legislatura porteña para llenar cualquiera de esas sillas vacías. El interés de la Casa Rosada por desembarcar en el máximo tribunal porteño anida en un fallo inminente de la Corte Suprema sobre las competencias del TSJ en torno a delitos penales. Festeja el asesor judicial presidencial Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que juró ante la mesa judicial del Gobierno que el tema sería parte de los expedientes que la Corte discutiría durante el primer semestre.

 

El tiempo le dio la razón porque, la semana pasada, la Corte sumó al menú de expedientes que desmenuzará durante el primer semestre dos temas de importancia para la Ciudad: si la Corte porteña puede intervenir en temas de competencia entre la justicia penal nacional y la justicia penal de la Ciudad y, además, si puede acceder a la competencia originaria del máximo tribunal nacional.

En el TSJ porteño hay dos vacantes tras la renuncia de Ana María Conde y el fallecimiento de José Osvaldo Casás, que solían acompañar -aunque con algunas disidencias en las sentencias- con sus votos al oficialismo PRO. Dos sillones que el gobierno porteño quiere ocupar cuanto antes, pero su necesidad choca con la campaña electoral y con la compleja negociación en la Legislatura local para conseguir los 40 votos que requiere el nombramiento de un juez, además de una audiencia pública para certificar antecedentes y sortear impugnaciones.

Actualmente, integran el Tribunal los jueces Inés Weinberg de Roca, Alicia Ruiz y Francisco Lozano. La primera preside el organismo y es la candidata del presidente Mauricio Macri para reemplazar a Alejandra Gils Carbó en el Ministerio Público Fiscal nacional, expediente que aún duerme en el Senado. En tanto, Ruiz suele fallar en contra del Gobierno y Lozano desconfía del PRO desde que, en una jugada sin precedentes, lo corrieron de la presidencia del TSJ. 

 

 

El secretario de Justicia, Santiago Otamendi. Cuenta con el aval de Rodríguez Simón y Garavano para integrar el TSJ.

 

La danza de candidatos para tomar esas bancas no se agota y se renueva semana a semana. La negociación está en curso, pero el Presidente quiere ambos lugares. En rigor, el poroteo pasa por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y Rodríguez Simón, que postulan al secretario de Justicia, Santiago Otamendi, y al conjuez Diego Botana, del estudio Allende & Brea.

El acuerdo, leído como una imposición para el larretismo, cuenta con el aval del jefe de Gobierno. Las aspiraciones de Rodríguez Larreta cambiaron rotundamente cuando Macri le pidió ambos lugares. El jefe de Gobierno no tiene margen para resistirse y, advierten en la Jefatura de Gobierno, cree que los pliegos de los candidatos de la Casa Rosada no pasarán por el tamiz de la Legislatura. El bloque oficialista Vamos Juntos cuenta con 34 votos y mayoría propia para múltiples leyes porteñas, pero precisa seis más para los 40 que requiere un nombramiento judicial. Deberá buscar un acuerdo con el peronismo o con el radicalismo que, por ahora, no encuentran razón para apoyar candidatos puestos a dedo por el Ejecutivo nacional.

 

 

Diego Botana, el candidato que Rodríguez Simón promociona para el TSJ.

 

Hasta hace quince días, Daniel Angelici y Rodríguez Larreta tenían un principio de acuerdo. A ese entendimiento también se sumó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Era un enroque complejo, pero que beneficiaba a los tres. A instancias de Ritondo, Larreta, que jugó fuerte en la precandidatura del peronista hacia Diputados, promocionaba al juez federal Sergio Torres para ir al TSJ porteño. En tanto, el angelicismo aspiraba a ungir a la jueza Marcela De Langhe, que también contaba con el apoyo del radicalismo en la Legislatura. Como corolario, Comodoro Py queda con una vacante, que el presidente de Boca está ansioso por ocupar.

 

 

Marcela De Langhe, la variante de Angelici para el TSJ (FOTO: Ijudicial)

 

Macri, jefe político de los tres, pulverizó el plan en minutos y bendijo a Pepín para que reclame los dos asientos en el TSJ. La riña entre Angelici y Rodríguez Simón no descansa ni durante la feria judicial. Una especie de Tom y Jerry sobre el escenario judicial que se dirime en cada reparto, concurso o, incluso, en la estrategia judicial oficialista. De todas formas, Larreta, "el Tano" y Ritondo acordaron, previo aval de María Eugenia Vidal, la candidatura del penalista Torres a la Corte bonaerense.

Las nominaciones del tándem Garavano-Rodríguez Simón traen un inconveniente: no respetan el cupo femenino que, actualmente, impera en la Corte porteña. Lo cierto es que no hay ninguna reglamentación que obligue a respetar esa distribución y la ley de paridad de género -incorporada en la Ciudad tras la aprobación del Código Electoral- aplica únicamente para cargos electivos.

Al mismo tiempo, la negociación se empantana en la Legislatura. Angelici aseguraba el apoyo de los seis diputados de la UCR, que rápidamente enterró su sueño de nominar a la ex decana de la Facultad de Derecho de la UBA Mónica Pinto para el TSJ cuando la Casa Rosada irrumpió en el reparto. Pero el Gobierno deberá salir a buscar respaldo opositor para convalidar los pliegos de Otamendi y Botana.

 

 

Juan Bautista Mahiques, la variante de Larreta para el MPF porteño

 

Ni lentos ni perezosos, Angelici y Larreta tantean renovar su química con una silla caliente -en especial durante un año electoral- como el Ministerio Público Fiscal (MPFCABA), hoy en manos de Luis Cevasco desde que Martín Ocampopidió licencia. Esa vacante la podría ocupar Juan Bautista Mahiques, actual miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la Casa Rosada.

El plan está en fase de negociación, pero Macri volvió a interceder: la mesa judicial le reclama "mantener" a Mahiques en la Magistratura hasta fines de 2019. Rodríguez Larreta lo quiere en el MPF "cuanto antes", pero el gobierno nacional intenta retenerlo para garantizar acuerdos en el organismo judicial, que tendrá una agenda apretada a lo largo del año electoral.