¿Qué sucedería si el gobierno de Festa otorga la recomposición salarial del 15 por ciento para los meses de octubre y noviembre sin el aval del Tribunal de Cuentas y desconociendo un artículo clave de la Ley de Responsabilidad Fiscal?
¿Puede declararse la emergencia social y por ello destrabarse un conflicto que, en términos de pérdida salarial, acumula por lo menos tres años del mandato del intendente? ¿Un aumento en los haberes se puede encuadrar en esa figura?
¿Si el Concejo Deliberante da marcha atrás con la homologación del Pacto de Responsabilidad Fiscal activa obligatoriamente el acuerdo paritario firmado hace tres semanas atrás?
Si las medidas de acción directa que tomó ATE Moreno se extienden en los próximos días, ¿tiene el dinero el gobierno para pagar los sueldos el próximo 10 de noviembre? Esta decisión legítima ¿es acompañada por las otras tres entidades gremiales que integran la Mesa Paritaria?
El intendente Festa, ¿permitió el ingreso de más de 450 personas a la planta municipal en los últimos seis meses? Personal jerárquico, ¿pasó a planta permanente?
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