Trabajadores de prensa piden que la "real malicia" sea ley

El Sindicato de Prensa de Rosario defenderá hoy la ponencia presentada en la comisión Bicameral para la reforma del Código Civil y Comercial para incorporar la doctrina en protección de la libertad de expresión y del derecho a la información.
El Sindicato de Prensa de Rosario defenderá la ponencia presentada ante la comisión Bicameral para la reforma del Código Civil y Comercial que propone la incorporación de la doctrina conocida como "De la real malicia", en protección de la libertad de expresión y del derecho a la información. La presentación del documento que apunta a proteger el trabajo periodístico la hará hoy, a las 14,30, en la jornada convocada en la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (Maipú 1065), tras haberla defendido el martes en Buenos Aires ante legisladores.

¿Qué es la real malicia? Cuando en 1993 fue derogado el delito de desacato del Código Penal, funcionarios con distinta responsabilidad pública recurrieron a las querellas por calumnias e injurias contra los periodistas y medios de comunicación. Este fue el medio de persecución y amedrentamiento para que la autocensura y la censura operen como fuertísimos condicionantes en el trabajador de prensa.

La doctrina conocida como real malicia surgió en Estados Unidos en el marco de la lucha de la etnia negra por los derechos civiles. The New York Times publicó una solicitada en la que se hacían fuertes críticas a la represión de personas ocurrida en Alabama. Un funcionario policial realizó una demanda ante la Justicia de ese Estado, que falló a su favor. Después de varios recorridos, el caso llegó a la Corte Suprema, que resolvió que para el caso de funcionarios públicos no correspondían resarcimientos tras la publicación de noticias que pudieran ser inexactas, con la excepción de que probaran que el medio o el periodista habían actuado con malicia: o bien que conocieran la falsedad de la información o se pudiera demostrar el desprecio por averiguar la verdad.

De lo citado surge la mayor tolerancia que deben tener los funcionarios frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por periodistas y ciudadanos.

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