Tras varias idas y vueltas, reflotó la investigación judicial que complica seriamente al riñón de la gestión del ex intendente de Junín y actual director del Banco Provincia, Mario Meoni: la fiscalía pidió la detención del ex director de Finanzas de la empresa de servicios municipal, Vicente Griselli, señalado como el responsable de autorizar grandes compras de combustible con fines electorales durante los meses de agosto y octubre de 2015.
Sin embargo, la jueza de garantías Marisa Muñoz Saggese desestimó el pedido, devolviéndole un guiño al ex jefe comunal, con quien hizo varios negocios y comparten afiliación radical.
Javier Ochoaizpuro, titular de la Unidad Fiscal y de Juicio N° 2 de Junín, investiga la causa por malversación de caudales públicos e irregularidades administrativas que salpica a la empresa municipal Grupo Servicios Junín durante la gestión del ex intendente Meoni, que estaba a cargo del contador Griselli, actualmente asesor y mano derecha del director bancario. Sin embargo, fuertes presiones políticas y judiciales limitan el trabajo del fiscal, que se encuentra atado de pies y manos por intereses que exceden su investigación.
La información fue confirmada a NOVA por fuentes cercanas del Palacio Judicial juninense: hubo avances en la causa a partir del trabajo de agentes instructores de investigación de la Procuración General de la Provincia en la estación de servicio Alciati, con el objetivo de determinar la comisión de delito: se indagaron a 23 empleados de la gasolinera, quienes detallaron la operatoria hacia el Grupo Junín y la relación con funcionarios del gobierno anterior. De todos modos, la jueza de garantías desestimó el pedido de detención en tiempo record.
Peligrosa connivencia entre familias patricias de Junín
En Junín, todos conocen la aceitada relación entre la magistrada Marisa Muñoz Saggese y la gente del ex intendente Meoni, al punto que su hermano menor, el abogado José Muñoz Saggese, fue director de Tránsito e inspector General de Inspecciones de la Comuna desde el 2005 al 2007.
Por otro lado, el esposo de la jueza, el médico Tomas Campenni, fue favorecido con la adquisición de un lote de tierras para construir la pista de carreras para el TC. En este entramado, también existe un manto de sospecha en relación a los fondos aportados por el Gobierno Local para la puesta a punto del circuito: a pesar de la gran inversión, la pista asfáltica está destrozada y averiada por el pésimo material utilizado, por lo que el autódromo se encuentra suspendido por tiempo indeterminado por el ACTC.
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