Tras el aval judicial, ATE reclamará a la Provincia que reconozca su legalidad

Tras el aval judicial, ATE reclamará a la Provincia que reconozca su legalidad
La titular del gremio, María Romero, dijo que pedirán audiencia con las autoridades provinciales para que se instrumente el fallo de la Camara del Trabajo.

La titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba, María Teresa Romero, adelantó ayer que tras el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que ratificó la legalidad del gremio en esta jurisdicción, pedirá una audiencia con las autoridades provinciales para reclamar la instrumentación de la decisión judicial en la administración pública.

El viernes pasado se conoció un dictamen de la Sala IV de la Cámara que desestimó un recurso del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) que se oponía a la decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación que estableció la legalidad de ATE en Córdoba. El conflicto data de 2006, durante el segundo gobierno de José Manuel de la Sota, cuando a raíz de una impugnación del Sep, la Provincia resolvió dar de baja los descuentos de la cuota de afiliación de los trabajadores adheridos a ATE.

“Le vamos a dar un tiempo prudencial al Gobierno de Córdoba para que cumpla con esta decisión judicial, pero le vamos a exigir que acate, porque de lo contrario daremos pelea por esta discriminación que venimos sufriendo desde hace siete años”, señaló Romero a LA MAÑANA.

La dirigente afirmó que ATE cuenta en Córdoba con 1.200 afiliados en el ámbito provincial, mayoritariamente en el sector Salud, y 7.400 en dependencias del estado nacional y municipal.

Sin el reconocimiento de la Provincia, la Asociación no cuenta con la retención de la cuota sindical que financia a los gremios, ni es convocado a la mesa de discusión salarial de los trabajadores de la administración pública. Por otra parte, la resolución habilita a ATE a elegir delegados en las reparticiones del estado donde tenga representación, algo que hasta ahora es objeto de impugnación por parte del gobierno delasotista.

Con respecto al perjuicio económico derivado de la no retención del aporte sindical, Romero dijo que se reclamará a la Provincia el reconocimiento de una cifra que no cuantificó. “Este fallo también significa dinero, porque hubo un perjuicio para ATE por una decisión política del Gobierno provincial cuyo motivo principal fue no dejarnos crecer”, afirmó.

Si bien Romero aseguró que el dictamen difundido el viernes tiene carácter de definitivo, el SEP podría presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que tendría pocas posibilidades de prosperar, y que además implicaría un costo significativo para los demandantes.

En un comunicado de prensa difundido ayer, ATE responsabilizó al gobierno delasotista por la “discriminación” que sufre en Córdoba el sindicato y reclamó a De la Sota que sea respetuoso de “la ley, la justicia y la pluralidad de opiniones”. Asimismo, bregó para que el mandatario acate la decisión judicial “como una forma de restablecer la armonía en las relaciones laborales dentro del Estado que su gobierno administra, dejando atrás la persecución a nuestro gremio, contraria a la Constitución y el espíritu democrático que deben velar las relaciones entre trabajadores y la patronal”.

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