La organización no gubernamental Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional realizó una denuncia en la Oficina Anticorrupción tras conocer a través de un artículo de este medio que Sergio Massa cobraba un salario de 8 mil pesos como docente por dar clases a las que nunca había asistido. Según pudo saber REALPOLITIK, el contrato perteneciente a la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires rige desde hace dos años, habiendo comenzado en el mes de noviembre de 2016.

Con la firma del titular de la nombrada organización no gubernamental, José Magioncalda, se presentó el escrito en la dependencia a cargo de Laura Alonso que solicita “se investigue la conducta del ex diputado y las autoridades de la UNNOBA, en relación a un cargo de ‘adjunto interino’ por el que percibiría su salario el líder del Frente Renovador, sin prestar servicios acordes a dichas funciones”.

Asimismo, el presidente de la ONG explica en el documento que la universidad mencionada podría haber incurrido en malversación de fondos públicos, entendiendo que, ya sea que el ex diputado Massa cumpliera o no alguna función, la misma no sería aquella por la que se le paga el haber documentado por la AFIP. Sobre esto, es destacable que en su descargo la casa de estudios había explicado que el ex legislador formaba parte del equipo de diseño curricular de la Especialización en Planificación y Política Pública Territorial.

Si bien el sueldo de Massa comenzó siendo de 926 pesos, con el paso del tiempo fue aumentando hasta superar los 8 mil pesos. Desde este aspecto, vale recordar que desde la casa de estudios han afirmado tras los hallazgos de este portal que el abogado "Sergio Tomás Massa presta servicios como docente adjunto interino, con dedicación simple” con un sueldo correspondiente y representado por la mínima carga horaria posible.

Desde este aspecto, el dirigente justicialista que lidera el nuevo armado del Peronismo Alternativo podría ser condenado por defraudación al cobrar fondos públicos por tareas no realizadas cuyas penas pueden verificarse en el artículo 174 del Código Penal, el cual explica: “Sufrirá prisión de dos a seis años (…) El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.

Por su parte, los directivos que aprobaron el contrato impuro de Massa habrían pasado por alto el artículo 260 del Código Penal, que determina ante el pago con caudales públicos a una función que no hubiese sido cumplida su inhabilitación de un mes a tres años para el ejercicio de cargos públicos y una multa de entre el 20 al 50 por ciento de lo malversado, siempre y cuando esto implique un daño o entorpezca el servicio al que los fondos estuviesen destinados.