La UTA nacional y su seccional en Córdoba insistirán en el pedido de reincorporación de los 183 choferes despedidos tras el paro del transporte urbano. Pero lo harán luego de las elecciones legislativas del 22 de octubre.

La semana pasada se cumplieron tres meses del inicio de la huelga que paralizó por 10 días la ciudad de Córdoba, en lo que fue la más prolongada que se registra. Miles de usuarios quedaron de a pie, perjudicando a trabajadores y a empresas; en particular, el comercio.

Hay una versión instalada a nivel gremial y patronal de que tras las elecciones legislativas de octubre habría chances de reconsiderar al menos una parte de las cesantías, aunque no existe ninguna certeza. Los directivos más duros de la Federación del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) descartan de plano esa alternativa de reincorporaciones. Pero la UTA Córdoba asegura que hay conversaciones.

El vicepresidente de Fetap y titular de Coniferal, Gustavo Mira, asegura desconocer que haya negociaciones. “Desconozco que se esté analizando alguna reincorporación porque tras los despidos se cubrieron en forma casi inmediata esos puestos con 115 choferes nuevos”, afirma el empresario.

En el Ministerio de Trabajo provincial advierten que se agotó la conciliación obligatoria y una prorroga voluntaria entre las partes, pero no dan por cerrada “ninguna instancia”.

Luis Arcando, todavía interventor en la UTA Córdoba, afirmó que el gremio sigue bregando por la vuelta al trabajo de todos los conductores echados, pero admitió que hasta ahora no hay ninguna respuesta de las empresas.

UTA Córdoba necesita fortalecerse ante sus afiliados. La vuelta de algunos cesanteados revitalizaría la conducción de Arcando. El gremio les facturará a las empresas que logró expulsar, a pocos meses de ser elegidos, a los delegados “rebeldes” de Aucor, liderados por Marcelo Marín, y que también consiguió que la mayoría de los delegados de Ersa renunciaran. Los delegados de Coniferal concluyen su mandato en diciembre.

El interventor anunció que en los próximos días designará una junta normalizadora de gremialistas cordobeses, promesa que fue anunciada el 29 de junio.

Pero el propio Arcando dijo que seguirá supervisando la junta. Las elecciones en la UTA están previstas para fines de 2018.

Uno de los principales opositores a dar marcha atrás con los despidos es el intendente de Córdoba, Ramón Mestre. La municipal Tamse fue la que llevó la delantera con las cesantías: de los 183 echados, 66 fueron conductoras de trolebús. Los restantes 117 despidos se repartieron entre Ersa, Aucor y Coniferal.

Pero hubo una excepción. La exdelegada de Tamse Erica Oliva fue reincorporada el 2 de agosto y trabajó casi dos semanas. La propia Oliva dijo que se le pidió “discreción” y señaló que, cuando su reingreso trascendió y generó comentarios adversos, Mestre ordenó que dejara de trabajar. Oliva, simpatizante del Partido Obrero, dice que está con licencia paga mientras se le realiza el juicio de exclusión de la tutela sindical para echarla.

Según una encuesta que le habría acercado a Mestre el asesor presidencial Jaime Durán Barba, la imagen del intendente creció con su firmeza ante el paro y los despidos y por mantener la publicación de la lista de sueldos municipales con los nombres de los empleados.

En el Centro Cívico también miran el humor social. Dicen que no comparten los despidos, aunque nunca lo expresarán públicamente. Y, a la vez, califican de “salvaje” al paro. Por eso, Trabajo provincial intentó con una conciliación voluntaria rever algunos casos.

Franco Mogetta, secretario de Trabajo, reiteró la legalidad de los despidos: como delegados y choferes no acataron la ilegalidad de la medida, se cayó el paraguas de la conciliación.

“En Trabajo no damos por cerrada ninguna instancia si las partes quieren sentarse a negociar reincorporaciones”, señala Mogetta y remarca que entre los despedidos había distintas situaciones, incluso choferes que no estaban de acuerdo con la huelga. Aunque es incierto que haya reingresos, la UTA aconsejó a los despedidos frenar cualquier juicio y esperar hasta después de octubre. Después de casi tres meses, el exdelegado Marcelo Marín sigue movilizándose por las reincorporaciones.

Según UTA, Marín es “bancado” por el Partido Obrero, lo que es negado por el exdelegado y por esa fuerza de izquierda. Cuando se le consulta si no hace alguna autocrítica por su intransigencia en al paro, Marín afirma que al quinto día de huelga propuso que esta se levantara, pero no tuvo eco en las bases. “Quizá como delegado me tendría que haber puesto más firme y hacer oído sordo de las bases y decirles que levantaran el paro”.