Se trata de un rebalanceo de los pagos habituales luego de que trascendiera la semana pasada un borrador que les asignaba más fondos a entidades pequeñas aliadas con prepagas, lo que desató la ira de la dirigencia tradicional.

La marcha atrás en la resolución previa y el cambio en la orientación de los recursos fue producto de una negociación de toda la semana encabezada por José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y referente de la central obrera en la problemática de las instituciones sindicales de salud con los principales funcionarios de Salud: el ministro Ginés González García y el superintendente de Servicios del rubro (SSS), Eugenio Zanarini. El acuerdo deberá cristalizarse con una resolución inminente.

Una novedad clave de aquella discusión es que el Gobierno se comprometió a duplicar los pagos: a los 4.000 millones de pesos que entregará en lo inmediato como parte de reembolsos por tratamientos médicos de alta complejidad o remedios costosos brindados por las obras sociales sindicales, se agregará otro tanto dividido en dos reintegros de $ 2 mil millones por el mismo concepto. En todos los casos se trata de saldar expedientes presentados por las prestadoras para su repago a través del Sistema Único de Reintegro (SUR) con recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

El otro cambio tiene que ver con el método de reparto. El borrador de la semana pasada que disparó la controversia priorizaba a las prestadoras que tuviesen más trámites pendientes de pago por tratamientos complejos. Así, les asignaba en muchos casos más recursos a obras sociales pequeñas que, producto de la desregulación del sistema durante los ‘90s, trabaron acuerdos con prepagas para suministrarles afiliados, que a las prestadoras sindicales que llevan el peso de atender a la mayor cantidad de trabajadores con más edad y peores condiciones de salud.

La queja generalizada de los líderes de la CGT frenó aquella resolución y alumbró un nuevo mecanismo: los próximos pagos por un total de $ 8.000 millones se harán con preeminencia para las obras sociales con más cantidad de afiliados, en primer término, y también a las de cápitas más altas, es decir que tienen en su nómina a personas con mayores niveles salariales. Los montos destinados cancelarán trámites pendientes y en caso de haber controversias administrativas, quedarán a cuenta de futuros expedientes.

Desde que estalló el escándalo por la denominada “mafia de los medicamentos”, una década atrás, los mecanismos de subsidios y reintegros a las obras sociales sindicales por prestaciones médicas de alto costo resultaron siempre un tema delicado para los funcionarios responsables de firmarlos, por un lado, y un elemento de negociación entre el poder político y el sindicalismo, por otro. Ningún gobierno desde entonces y hasta ahora fue ajeno a esa doble condición del dinero circulante entre Salud y gremios.

Con la nueva resolución los funcionarios esperan saldar otra discusión agria con la CGT. Es que a pesar de tratarse de un gobierno peronista, la relación con la cúpula sindical fue pendular y no exenta de chispazos severos, en particular en el rubro sanitario. La pandemia del coronavirus terminó por abollar el vínculo con González García, que de arranque les transmitió una indiferencia particular.

Días atrás, y como adelantó en exclusiva Ámbito Financiero, el ministro les aseguró a los gremialistas que el Gobierno montará por decreto un salvataje para las obras sociales. Lo hará mediante la compensación automática de sus recaudaciones, golpeadas por la caída de los aportes y las contribuciones de trabajadores y empresarios que generó la cuarentena, al tomar como referencia los parámetros de febrero comparados con los de abril, mayo, junio y julio. El redireccionamiento de los $8.000 millones comprometidos hasta junio irá en la misma dirección conciliadora por parte del Gobierno.