En una conferencia de prensa en Viedma, la secretaria general del gremio, Patricia Cetera y el adjunto, Marcelo Nervi, confirmaron la decisión de recurrir a la justicia, al tiempo que manifestaron su preocupación por el funcionamiento irregular del Consejo de Educación. También estuvieron presentes Benjamín Catalán, secretario Gremial y de Organización y José Luis Burgos, secretario de Nivel Medio.

“Se agotó la instancia de diálogo que hemos tenido permanentemente desde la UNTER, con la posibilidad de lograr un acuerdo en beneficio de todos”, resaltó Cetera.

“Hicimos hincapié en que esta Escuela Secundaria cercena derechos de los trabajadores que, por una resolución de incumbencia de títulos, hoy están fuera del sistema. Además, hace hincapié en un régimen académico que solamente habla de trayectorias y que no está dando garantías de que el proceso de aprendizaje vaya a ser efectivo, y nosotros nunca desde el sindicato hemos sostenido reformas que no hagan a una verdadera educación que prepare para la vida o para los estudios superiores”, explicó la dirigente sindical.

Señaló que la decisión de impedir la realización de las asambleas “es un mandato del Congreso del gremio, en función del silencio que tuvo el gobierno de la provincia”.

Además, confirmó que mantuvo un contacto con la secretaria general de CTERA, Sonia Allesio, quien manifestó su apoyo en el marco de un proceso de nacionalización del conflicto, aunque recordó que “a lo largo de todo este tiempo no hemos tenido el respaldo necesario en muchas instancias”.

La acción de prohibimus busca que se frene realización de las asambleas de concentración, alegando que las resoluciones que la norman fueron emitidas en clara incompetencia y violación de la propia Constitución Provincial.

“LA VÍA ADMINISTRATIVA SE AGOTÓ”

Por su parte, Marcelo Nervi destacó que hubo “unanimidad” en el plenario de secretarios generales respecto a la gran preocupación que genera la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, porque “no solo afecta las condiciones laborales, sino que además cambia sustancialmente las políticas educativas”.

Nervi admitió que luego del encuentro con el gobernador Alberto Weretilneck, en diciembre, “nos fuimos con la satisfacción de haber dado un fuerte debate” y lamentó “el cambio de actitud del mandatario, porque nos obliga a llevar adelante la ejecución de estas acciones, definidas por el Congreso, como el impedimento de la realización de las asambleas”.

Confirmó que habrá presencia gremial en la asamblea de mañana, en Los Menucos, y luego en San Antonio Oeste y Choele Choel. “Si hay una postura caprichosa, tozuda y unilateral por parte del gobierno, habrá una respuesta similar desde el sindicato”, dijo.

“La vía administrativa se agotó”, agregó y cuestionó el funcionamiento del Consejo de Educación: “En un solo día se llevaron adelante 1124 resoluciones. Todo eso en una sola sesión, lo cual indica claramente que ninguna de esas resoluciones fue debatida por ese cuerpo colegiado”.

En ese sentido, exigió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que “profundice su accionar sobre el funcionamiento del Consejo de Educación” resaltando que “hay muchas resoluciones que modifican las condiciones laborales y no fueron tratadas en el ámbito de la paritaria, violando la ley”.

LAS DENUNCIAS PENALES

Respecto a las denuncias penales, Nervi explicó que se denunció a la responsable del área de Salud Escolar del Ministerio de Educación, Analía Soriano, por la falta de cumplimiento de la Ley 5059, impulsada por UNTER y que resguarda los derechos de los trabajadores con enfermedades crónicas de carácter progresivo, fundamentalmente las oncológicas.

“En diciembre el gobernador, después de un año, asumió el compromiso de regularizar el funcionamiento de la emisión de certificaciones para solicitar licencias de los trabajadores que padecen enfermedades crónicas. Lamentablemente la Ley no puede ser aplicada por falta de instrumentación del área específica en IPROSS. Pese al compromiso, nos encontramos con que nuevamente siguen rechazando estas certificaciones. Por eso se denuncia penalmente a Analía Soriano”, explicó el dirigente.

Además, se hizo una presentación por las irregularidades en la liquidación de los salarios de los trabajadores con licencias por enfermedades de largo tratamiento y atención familiar. “Esto generó errores gravísimos en la liquidación. No nos han respondido desde el Ministerio de Educación sobre los motivos que generaron esas situaciones. En muchos casos el propio sindicato tuvo que salir a cumplir el salario y todavía hay trabajadores que no cobraron el sueldo de diciembre”, reclamó.