UOCRA respondió a Weretilneck, apuntó a las cooperativas y pidió combatir el trabajo en negro

UOCRA respondió a Weretilneck, apuntó a las cooperativas y pidió combatir el trabajo en negro
El titular de la Unión Obrera de la Construcción seccional Viedma, Damián Miller, rechazó hoy por “impropia, desacertada e inconducente” la intimación realizada por el gobernador Alberto Weretilneck el 19 de marzo pasado.
El mandatario reaccionó tras una publicación de Miller en su cuenta de Facebook en la que expresó: “lamento decir que el Ministerio de Obras Públicas pareciera se está transformando en la Cueva de Ali Baba”. En consecuencia, el Gobernador había solicitado pruebas que fundamenten la acusación.

Hoy, Miller respondió que sus declaraciones no tuvieron como objetivo “menoscabar” el accionar de los funcionarios de Obras Públicas. Sin embargo, repudió “la conducta seguida por algunas empresas y cooperativas, quienes con la sola finalidad de obtener mayores ventajas económicas, ocupan mano de obra clandestina, esto es, sin registración laboral alguna (en negro)”, agregó.

Miller denunció, mediante una carta al Gobernador, que las empresas JR y Otro SH; DRACCO S.A.; SERCON-Servicios y Construcción; COSYC Cooperativa LTDA; y la Cooperativa de trabajo CANNAM incurren la irregularidad laboral.

En diálogo con ADN, el jefe de la UOCRA local expresó que sus dichos apuntaban a la ésta situación y no al accionar de los funcionarios y reclamó más controles.

El sindicalista aseguró haber realizado las denuncias correspondientes ante las secretarías de Obras Públicas y Trabajo, pero se quejó porque “las medidas adoptadas en consecuencia por el Estado han resultado infructuosas a los fines pretendidos por el sindicato, toda vez que las empresas denunciadas siguen ocupando trabajadores en forma clandestina”.

Al respecto criticó el monto “irrisorio” de las multas, asegurando que a ciertos contratistas les “conviene” tener trabajadores no registrados y abonar la sanción, en vez de “blanquear” al personal.

Miller subrayó que “el Gobierno no puede ignorar esta situación, y menos aún contribuir por omisión a que las entidades adjudicatarias de toda obra pública no cumplan las normas en materia laboral y previsional”. “El Estado tiene un deber indelegable, cual es el poder de policía, competencia ésta que ha sido ejercida de modo deficiente, o al menos insuficiente”. Y exhortó a la Provincia a tener un rol activo, ya que “no puede consentir bajo ninguna forma la mano de obra clandestina, sino que por el contrario, debe inexorablemente solo fomentar el trabajo transparente”.

En ese sentido, propuso un sistema de calificación de empresas y cooperativas para que, las que incurran en la contratación en negro de trabajadores, se las quite del listado de proveedores del Estado, no se les adjudiquen obras ni se les permitan presentarse a licitación.

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