UPCP reclama 30 por ciento de incremento salarial

La Unión del Personal Civil de la Provincia, a través de su secretario general José Niz, hizo público el reclamo salarial del sector al que representa, dando cuenta que hace más de un mes presentaron al Ejecutivo provincial alternativa consideradas por el gremio como viable.
Ante la falta de respuestas desde el sindicato se reclama un 30 por ciento de incremento en los sueldos, el mantenimiento de la ayuda extraordinaria, asignaciones familiares y la ejecución inmediata del pase a planta.

“El 30 por ciento de incremento salarial y el mantenimiento de la ayuda extraordinaria en parte palearían la pérdida del poder adquisitivo del salario”, afirmó el dirigente quien recordó que “hace más de un mes aportamos las alternativas que considera viable UPCP para recomponer el castigado salario de la administración pública y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta, tampoco se han firmado los instrumentos legales que debían ejecutarse a partir de enero, bonificaciones pendientes para el Idach, la ex Casa del Chaco personal civil de la policía, como así tampoco se firmó el riesgo de vida para el personal de UCCEM, insalubridad para el sector Mmntenimiento del hospital, entre otros”.

Las advertencias

Ante esta situación el dirigente anticipó que “estamos ante un escenario que nos habilita a dar un giro en las negociaciones por la falta de resultados del diálogo y pasar a la postura de exigir lo que por derecho le corresponde al trabajador, un salario digno y justo, para que este año 2012, no sea un año de malabarismos para poder satisfacer nuestras necesidades básicas en un marco inflacionario que deprecia los sueldos”.

“Desde fines del año pasado se viene acentuando la depreciación del salario con los incesantes aumentos de los productos de extrema necesidad, todos los trabajadores conviven diariamente con una realidad que le es adversa, con el aumento de la canasta familiar, una canasta escolar con aumentos de hasta el 40 por ciento como mínimo, la suba del transporte lo que muestra un denominador común como son aumentos frente a salarios bajos”.

“En este contexto tenemos que discutir, recuperación del poder adquisitivo del salario y pase a planta, no creo que haya mucho margen en las propuestas que pueda presentar el Ejecutivo”, expresó.

La tolerancia tiene un límite

Niz recordó que “transitamos un proceso paritario y eso exige madurez institucional de ambas partes, pero todos los días nos encontramos con una sorpresa porque el ejecutivo dicta normas unilateralmente, viola los compromisos contraídos y no cumple lo acordado”.

Por esto alertó que “la tolerancia tiene un límite, y el trabajador está cansado de esperar; El pase a planta que tiene el objetivo de terminar con la precarización laboral, lleva más de un año de retraso y ni siquiera se observan los plazos que ellos mismos consignaron, la ejecución tenía que comenzar el 1 de enero de 2011 y se dilató hasta avanzado el mes de octubre. El 1 de enero de 2012 debía estar concluida la primera etapa con los decretos de pase a planta de contratados de servicios y jornalizados. Para inmediatamente continuar con los contratados de obra, Pel, becados, programas y conveniados, cuya primera etapa debe concluirse el 30 de mayo de 2012 por vigencia del Decreto 1584”.

“El contexto no es el mejor y si bien hasta ahora se garantizó la paz social, con la esperanza de que nuestras propuestas fueran receptadas favorablemente, evidentemente el objetivo es dilatar que significa no cumplir”, afirmó.

Alerta en infraestructura

El dirigente gremial hizo saber que se vive una situación particular en el Ministerio de Infraestructura, atento a que los jornalizados han sido excluidos del Decreto 16. “Por acuerdo con el Ejecutivo deben pasar a planta en una sola etapa, pero se está poniendo obstáculos al procedimiento lo que ha motivado se declare un estado de alerta y asamblea permanente con el objetivo de que se modifique el Decreto, no se realice orden de mérito y se los designe en las mismas condiciones que los contratados de servicio, con un plazo de 48 horas para dar solución a esta cuestión reservándose el derecho de definir medidas de mayor contundencia”.

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