La UTPBA, a 37 años del golpe genocida

La UTPBA, a 37 años del golpe genocida
Los trabajadores y el pueblo argentino todo nos hallamos, nuevamente, ante un aniversario más del 24 de marzo de 1976, fecha símbolo del crimen, del delito atroz y de la horrorosa violación a los derechos humanos.

Como trabajadores/as de prensa, nucleados en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), recordamos siempre a nuestros treinta mil compañeros detenidos desaparecidos y, en particular, a los más de cien periodistas y trabajadores/as de prensa que dieron su vida por un programa militante cuyos puntos centrales eran la independencia de la clase trabajadora de las patronales, de las burocracias sindicales, de los partidos políticos y del Estado como núcleo de una fuerza social que luchó contra las relaciones injustas del sistema.

Aquel golpe genocida fue planificado y diseñado por los gerentes civiles del plan neoliberal que la finanza internacional y las grandes empresas multinacionales con sede en el hemisferio norte, se dispusieron a aplicar en América Latina y en nuestro país.

Lograron implementar un plan económico que desguazó al Estado; entregaron a precio vil el patrimonio nacional; endeudaron a la Argentina en una proporción de una vez y media su producto bruto; destrozaron a la industria nacional mediante una apertura indiscriminada de las importaciones; quebraron a la pequeña y mediana empresa; expulsaron fuera del sistema económico al 30 % de la fuerza laboral que cayó así en la desocupación sin perspectivas de futuro ni para el trabajador ni para su familia; colocaron a la moneda nacional y al Banco Central como servidores de los grandes bancos del mundo con sucursales aquí; expropiaron el dinero del sistema previsional para incorporarlo al circuito de especulación financiera; destruyeron el sistema de transportes, de salud y de educación, que habían estado a la vanguardia en América Latina, para privatizarlos en beneficio del capital concentrado mundial; aumentaron la deuda externa de 4000 a más de 40.000 millones de dólares, que era lo que el país debía cuando los usurpadores fueron echados del poder; precarizaron las relaciones laborales quitando conquistas a los trabajadores vinculadas a sus condiciones de trabajo y a su salario. Sería muy largo describir en detalle el plan antinacional y antipopular que aplicaron los genocidas de uniforme pero diseñado por gerentes del capital transnacional como Guillermo Walter Klein, Christian Zimmermann y el jefe de todos ellos, el conocido delincuente internacional y juzgado como tal por la justicia argentina, José Alfredo Martínez de Hoz.

Los trabajadores argentinos venían luchando, cada vez más organizados en sus sindicatos, coordinadoras, centros de estudiantes, comisiones de fomento barriales, comités de base en villas de emergencia y a lo largo y a lo ancho del país, con un programa nacional, popular y antiimperialista que abriera el camino al socialismo. Por ello, el plan neoliberal no podía ser aplicado sino con represión y barriendo con los derechos y garantías que consagraba la Constitución Nacional. El 24 de marzo de 1976 dio comienzo la ordalía sangrienta con la luz verde del gobierno de los EE.UU. a través de su secretario de Estado Henry Kissinger.

Ese cuartelazo criminal, encabezado formalmente por Videla, Agosti y Massera, fue de carácter cívico-eclesiástico y militar. Empresas como Mercedes Benz, Ford e Ingenio Ledesma por citar sino los más conocidos emblemas de la ignominia y el crimen, denunciaron y entregaron a la represión, a la tortura y a la muerte a dirigentes obreros y a trabajadores que eran miembros de comisiones internas o simples activistas.

Connotados periodistas de la época -algunos de los cuales aún hoy escriben y opinan sobre política y moral o son parte del espectáculo y la farándula- participaron en el diseño del plan criminal o asesoraron a los asesinos de uniforme o propagandizaron ante el mundo las acciones de la dictadura, al tiempo que ocultaban sus crímenes.

El nuncio apostólico de aquella época -que jugaba al tenis con Massera- , la cúpula eclesiástica argentina e, incluso, religiosos de menor nivel jerárquico silenciaron el genocidio, no dieron protección a sus curas villeros o rechazaron los desesperados pedidos de madres y familiares de las víctimas para que intercedieran ante los asesinos con el fin de obtener información sobre sus seres queridos.

Entre los pocos sectores que intentaron alguna resistencia estaba la clase trabajadora. Junto a las Madres de Plaza de Mayo y a otros organismos de derechos humanos que se fueron incorporando paulatinamente a la incipiente resistencia, protagonizaron acciones y movilizaciones que, poco a poco, fueron permitiendo mayores niveles de organización y de participación ciudadana. Hacia el año 1982, la dictadura ya mostraba signos de agotamiento pero el objetivo de destruir la organización obrera y popular para aplicar el modelo neoliberal ya había sido, en buena parte, cumplido. Sin embargo, la resistencia de nuestro gremio de prensa por recuperar nuestra organización, intervenida militarmente, abrió uno de los principales caminos que seguimos recorriendo hasta hoy: Luchar por una mejor y más organización y organizarnos para luchar.

La maniobra irresponsable, aventurera y criminal que intentó la dictadura el 2 de abril de 1982 fue una fuga hacia delante en busca de alguna legitimidad que detuviera su caída inexorable. No fue una “guerra antiimperialista”- como señaláramos en aquel momento- sino un recurso ruin y artero con el que sólo lograrían agregar más muertos civiles a las 30.000 víctimas del terrorismo de Estado. Los valientes de la picana frente a la víctima indefensa se rindieron como sólo pueden hacerlo los que no tienen moral ni principios: de forma cobarde y sin combatir. El criminal Astiz hizo punta en este comportamiento sin honra y vacío de toda ética.

La dictadura se retiró y la forma del Estado cambió. Advino la democracia en octubre de 1983 luego de un pronunciamiento electoral que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación. Con el juicio a las juntas militares comenzó en la Argentina la ardua y lenta tarea de hacer justicia con unos genocidas que habían llenado de luto, dolor y espanto al pueblo argentino y que habían sido usados por la finanza internacional y por el capital concentrado mundial para implementar en la Argentina el modelo neoliberal que ya había comenzado con el “rodrigazo”, en la época de Isabel y López Rega, que seguiría con Martínez de Hoz y que culminaría con la segunda década infame, la de Menem-Cavallo. Paralelamente la reconstrucción del tejido sindical, gremial y profesional de nuestro gremio, diezmado por la desaparición, el exilio, la persecución y el miedo nos situó en uno de los mayores desafíos que enfrentamos los trabajadores de prensa. Y parimos una organización que fue capaz de decirle no a todos los que pretendían seguir cercenando nuestros derechos. No, dijimos ayer ( y hoy) a los que querían cambiar salarios por convenios, en la pretensión de entregar el resultado de la lucha organizada por decenas de compañeros. No se trata apenas del pasado, se trata de ver en la memoria las mejores ideas que inspiraron nuestros compañeros y que hoy revalidamos todos los días.

Las asonadas golpistas de Rico y Seineldín y las leyes de impunidad que fueron su corolario, sumadas a los indultos a los genocidas que firmó Carlos Menem, impidieron seguir adelante con los juicios a todos los militares y civiles con responsabilidades en el terrorismo de Estado. Removidos estos obstáculos en agosto de 2003 mediante la ley 25.779 la justicia argentina comenzó a juzgar y a castigar a aquellos criminales. Mucho antes la demanda de “CON VIDA LOS QUEREMOS” recorrió nuestro gremio en medio de la distancia y las diferencias que sobre este reclamo planteaban muchas organizaciones sindicales y políticas. También impedimos la publicación de una solicitada golpista que intentaba reivindicar el genocidio de los terroristas de Estado así como decidimos no darle micrófono a los golpistas en medio de los levantamientos militares y salimos a la calle a reclamar por mayor democracia.

No son sólo historias del pasado son ideas que perduran en la UTPBA de hoy y de siempre

Pero La UTPBA no sólo recuerda lo ocurrido sino que también denuncia que el Poder Judicial, en algunos de sus estamentos de primera instancia, de las alzadas y de los ministerios fiscales constituyen –todavía hoy- cotos donde sobrevive la ideología del terrorismo de Estado y, en consecuencia, hay funcionarios renuentes a investigar y castigar los crímenes. Por eso es necesario ir a fondo en un proceso de democratización del Estado in totum y, en particular, de la justicia y de las instituciones con competencia para seleccionar y someter a juicio político a los magistrados en mora procesal respecto de juicios donde deben investigarse estos crímenes.

Los trabajadores de prensa también denunciamos que un criminal abyecto como Videla puede conceder entrevistas al Grupo PRISA, de España -conocido éste como apologista consuetudinario de las políticas de ajuste- en las cuales el genocida nuevamente viola el Código Penal llamando a las armas para derrocar a un gobierno legalmente constituido ante la pasividad de fiscales y jueces.

Hoy venimos a decir también que la prisión domiciliaria para criminales de lesa humanidad no es virtud democrática sino una peligrosa debilidad del carácter de esa democracia. Y lo mismo vale para el penal de Marcos Paz, que se ha convertido en un antro donde los terroristas de Estado gozan de todas las facilidades para hacer su lúgubre proselitismo extramuros y para ir construyendo, poco a poco, en el seno de la misma sociedad a la que ayer masacraron, una red de solidaridades y de propaganda ideológica para lo cual sus familiares y amigos tejen y destejen sin cesar con miras a lograr, algún día, la impunidad y una loca y descabellada reivindicación, que eso es lo que pretenden.

Por otra parte, la UTPBA también denuncia que, en los últimos años, los hechos van creando un clima proclive a acotar las responsabilidades a sus ejecutores materiales. Se intenta, de este modo, detener el proceso de divulgación y conocimiento por parte de toda la sociedad argentina de las complicidades civiles, religiosas y empresariales para que no se investigue la participación de estos actores en los crímenes del terrorismo de Estado.

Nuestros 30.000 compañeros desaparecidos lucharon para vencer y su lucha fue un acto de amor, de valentía, de abnegación y entrega contra la explotación y la miseria que sufrían y sufren las masas trabajadoras. Y la esperanza para los pobres de nuestra patria latinoamericana está en la organización y la lucha contra sus enemigos de clase y jamás en la vacía invocación retórica que, en forma hipócrita, adula a los pobres, como si la pobreza fuera una virtud en sí misma, al tiempo que se nos incita a amar a nuestros enemigos.

En este triste aniversario, la UTPBA redobla su compromiso de lucha por verdad, memoria y justicia, por la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y se compromete ante los trabajadores y ante la sociedad a no bajar jamás las banderas de una patria soberana, con justicia social y hermanada con los procesos antiimperialistas de nuestros países hermanos de América Latina.

Comisión General Administrativa - UTPBA

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