Vaca Muerta: el chantaje de las empresas para vivir subsidiadas

Vaca Muerta: el chantaje de las empresas para vivir subsidiadas

La polémica por la limitación de la Resolución 46 dejó al desnudo la obscenidad del saqueo en Vaca Muerta. Tecpetrol patalea para seguir cobrando un subsidio millonario, amenaza con reducir las inversiones y anuncia la suspensión de 300 trabajadores.

El pasado 30 de enero terminaba un primer capítulo del tire y afloje que involucró al FMI, el gobierno nacional, las principales empresas que operan en Vaca Muerta y el gobierno provincial de Neuquén. El Secretario de Energía, Lopetegui, atendiendo las exigencias de “déficit cero” de Lagarde, modificaría la interpretación de la Resolución 46, limitando las transferencias millonarias a las operadoras que extraen gas no convencional en Vaca Muerta. Las amenazas de recortes en la inversión de Tecpetrol y otras empresas, ponen al descubierto la volatilidad del “boom” y el parasitismo de las empresas que obtienen una rentabilidad extraordinaria con subsidios del estado, mientras la población padece los tarifazos. Al cierre de esta edición, Tecpetrol anunciaba la suspensión de 30 trabajadores.


La fiesta de las petroleras que paga el pueblo trabajador

La resolución 46-E / 2017 creada por el ex-Ministro de Energía Aranguren (el hombre de la angloholandesa Shell en Argentina), garantizó beneficios extraordinarios para las empresas que extraen gas no convencional (1) de la Cuenca Neuquina.

La Ley de Hidrocarburos vigente (27.007), redactada por el gobierno de CFK para extender los beneficios concedidos a Chevron tras el acuerdo con YPF S.A., no es poco generosa… Mantiene las regalías (lo que pagan las empresas al estado por extraer los hidrocarburos) en un 12%, y permite que sean reducidas hasta un 5% por la autoridad de aplicación. Garantiza exenciones impositivas y establece las concesiones no convencionales en 35 años (extensibles a 45). Pero aun así, lo cierto es que incluso esas regalías mínimas, de las más bajas del mundo, son compensadas con creces para quienes acceden a la Resolución 46.

El estímulo consiste en garantizar un ingreso competitivo a las empresas, al margen de las oscilaciones del mercado. En 2018, el precio de incentivo ascendió a US$ 7,50 por millón de BTU, cae a 7 dólares en 2019; a US$ 6,50 en 2020 y a 6 dólares en 2021. Con el precio de mercado del gas en septiembre de 2018 en los US$ 4,05, por millón de BTU abarcado por la Resolución 46, las empresas debieron dejar por regalías U$D 0,9 al Estado provincial; pero recibiendo U$D 3,45 del

La resolución de Aranguren no fue el primer regalo a las empresas. De hecho tomó como referencia el precio establecido por el plan de Kicillof para la producción excedente de gas (US$ 7,5). Durante los 3 últimos años de gobierno kirchnerista, las transferencias al sector hidrocarburífero fueron de U$D 9.330, superando el presupuesto del Ministerio de Salud para el mismo período (2).

La política energética de Cambiemos fue reemplazar parte de las transferencias estatales al sector hidrocarburífero, por transferencias desde los hogares, reduciendo los subsidios y aplicando tarifazos brutales. Un estudio de la Universidad de Avellaneda sostiene que sólo en el gas, los aumentos de tarifas desde diciembre de 2015 a enero de 2019 fueron de un 2.401%. Sumados al resto de los aumentos, implicaron un ajuste brutal al bolsillo del pueblo trabajador. Pero por si eso fuera poco, es también el pueblo trabajador quien paga, por medio de un sistema impositivo regresivo (con el IVA, el impuesto al salario, etc), el subsidio a las operadoras de gas en Vaca Muerta.

Se la llevan en pala, pero lloran por más

Para el 2018 el presupuesto preveía unos US$ 600 millones para este subsidio. Pero las grandes multinacionales la levantaron en pala, y algunas superaron enormemente la producción proyectada. El caso emblemático fue el de Tecpetrol, de Paolo Rocca, que de 8,5 millones de metros cúbicos declarados como objetivo inicialmente, pasó a extraer 17 millones diarios.

El FMI, en su objetivo de “déficit (primario) cero” para garantizar el pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa, exigió a Dujovne reducir el monto de los subsidios. De cubrir el 100% de la producción efectiva de las empresas que hoy lo cobran (Tecpetrol, Total, PAE, Wintershall, CGC, Capex e YPF S.A.) y de quienes hubieran entrado en el plan en 2019 (Shell, Exxon Mobil, Pluspetrol y Pampa Energía), el subsidio treparía a US$1.300 millones para este año según estimaciones conservadoras. Tras la reinterpretación del Secretario de Energía, Lopetegui, los subsidios cubrirían sólo la producción declarada inicialmente.

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Tecpetrol puso el grito en el cielo. Según un reciente informe de EJES (enlace por la Justicia Energética y Socioambiental) (3), Tecpetrol tuvo ingresos por ventas por $14.272 millones de enero a septiembre de 2018. Más de un tercio, $4.911 millones, provinieron del subsidio estatal. Y desde ese momento la producción siguió en aumento. Pero quieren más.

Ya en diciembre de 2018, la empresa del grupo Techint redujo el ritmo de las perforaciones en Fortín de Piedra, forzando una caída en las etapas de fractura de un 28% en el conjunto de la Cuenca Neuquina. Para que se entienda: produjeron el doble de lo esperado sin aumentar la inversión, y ahora amenazan hasta con iniciar juicios contra el estado si no reciben subsidios por el total de ese resultado extraordinario.

YPF S.A. y Pampa Energía (del magnate Mindlin, amigo de Macri), también advirtieron posibles recortes en las inversiones previstas. Aunque festejan que Tecpetrol, la estrella de Vaca Muerta, no se quede con toda la torta. En el fondo comprenden que los beneficios no van a terminar acá: el gobierno pagaría subsidios adeudados por US$1.500 millones, podría emitir una nueva resolución para estimular la producción de gas en invierno y otras ventajas a la extracción de petróleo.

Dependencia e incertidumbre, el futuro de Vaca Muerta

En Neuquén las empresas petroleras facturan alrededor de $700 millones por día. En el año, es el equivalente a 3 presupuestos provinciales. Las empresas que concentran la producción en Vaca Muerta son la sociedad anónima YPF (con mayoría estatal pero mitad de accionistas privados, entre ellos fondos buitres), asociada a la yanqui Chevron, PAE (50% de British Petroleum y 50% distribuido entre el grupo Bulgheroni y la china CNOOC), la francesa Total, y desde 2018 la ya mencionada Tecpetrol. También intervienen Shell, Exxon, Wintershall, Pluspetrol, Vista Oil, Pampa Energía, Petrogas, Equinor, etc. Esto sin mencionar la facturación de las gigantes de servicios Halliburton, Schlumberger, Weatherford y Calfrac.

Son un puñado de empresas las que se enriquecen, mientras los distintos gobiernos provincial (MPN) y nacionales (desde el kirchnerismo al macrismo) hablan de “desarrollo”. Para aumentar sus ganancias, además de los subsidios, en los últimos años recortaron los “costos” salariales por dos vías: con la adenda al convenio petrolero y la flexibilización laboral (impulsada con la burocracia sindical de Pereyra) y con la megadevaluación. En eso también Tecpetrol es vanguardia: sólo el 20% de quienes trabajan en Fortín de Piedra lo hacen bajo convenio petrolero.

Mientras tanto, en la región se multiplica la desigualdad. Neuquén tuvo una de las inflaciones más altas del país, superando el 52%. Creció hasta el 35% la precarización laboral, afectando principalmente a la juventud y las mujeres. Durante el 2018 hubo 3 incidentes ambientales por día, y murieron 5 trabajadores en el petróleo, todos de empresas contratistas.

Cada día se multiplican más los desastres ambientales y sociales producidos por el saqueo del fracking. En Sauzal Bonito, donde se ubica Fortín de Piedra, la estrella de Tecpetrol, se multiplican los temblores y la población no tiene ninguna explicación por parte del gobierno. El pueblo mapuche es avasallado y perseguido judicialmente.

Por si fuera poco, con quienes viven de manera precaria, incluso sobre el suelo que cubre Vaca Muerta, no hay negociación: el gobierno nacional aumentó un 25% la “garrafa social”.

Hay que terminar con este saqueo

Las amenazas de recortes en las inversiones y la suspensión anunciada por Tecpetrol de 300 operarios, ponen de manifiesto la volatilidad de ese supuesto “desarrollo”.

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La economía rentista neuquina vio un 2018 con niveles de recaudación récord por regalías, mientras a nivel nacional se desarrollaba la recesión. Pero esa misma estructura, ultradependiente de los precios de dos commodities y de los onerosos subsidios estatales, de un día para otro puede llevar a la destrucción de miles de puestos de trabajo si así lo consideran conveniente las empresas. No les importa: pueden esperar las mejores condiciones para extraer los recursos…

Los candidatos de Cambiemos, el MPN y Unidad Ciudadana, salieron a competir para ver quién es más pro-empresa. El intendente macrista de Neuquén, Pechi Quiroga defiende el esquema de brutales tarifazos y subsidios, como buen alumno del FMI. El actual Gobernador, Omar Gutiérrez envió una carta al Secretario de Energía exigiendo que no haya ningún recorte a las empresas, sus mandantes. Y el kirchnerista Rioseco (ex – aliado del Pechi Quiroga en 2015), dio la nota corriendo “por derecha” al gobierno nacional, reivindicando la política energética de Aranguren y prometiendo garantizar “previsibilidad” a las empresas.

El Frente de Izquierda es la única fuerza política que no tiene ningún compromiso con las petroleras y plantea una alternativa de fondo. Para terminar con este saqueo y dejar bancar la fiesta de las petroleras con las penas del pueblo trabajador, hay que nacionalizar el conjunto de la industria hidrocarburífera, bajo el control democrático de trabajadores y trabajadoras, de profesionales de las universidades públicas, de las comunidades y usuarios. Eso permitiría poner los recursos al servicio de la inversión en educación y salud pública, trabajo genuino o viviendas, e iniciar una transición hacia energías limpias y renovables.

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