Neuquén cuenta en la actualidad con casi 650.000 habitantes y es una de las provincias de mayor crecimiento poblacional del país.

Hasta principios de los años 90 casi la mitad de las viviendas existentes se habían construido a partir de planes de obras públicas. Desde ese momento la construcción de planes de viviendas se desaceleró, dejando bajo la responsabilidad privada la construcción y el acceso a las mismas.

Según la vocera de Unión de Inquilinos, 130.000 habitantes alquilan, es decir el 20% de la población. Pagar un alquiler insume el 50% de un sueldo promedio. El alto costo de los alquileres en la provincia de Vaca Muerta genera un círculo vicioso, ya que no cuentan con dinero para pagar un crédito hipotecario o construir una vivienda.

Según los últimos informes del INDEC la pobreza aumentó un 26,6%, mucho más que lo que aumentó a nivel nacional y las personas con problemas de trabajo llega al 25% en algunas localidades.

Para la mayoría de las familias trabajadoras, la única forma de tener la casa propia es a través del acceso a una vivienda construida por el Estado. A medida que disminuyó la construcción de viviendas y la obra pública en general, no sólo aumentó la desocupación en la provincia, sino también proliferaron salidas improvisadas como las toma de terrenos y la construcción de viviendas precarias, muchas veces en forma de casillas de cantoneras (descarte de la industria maderera).

Según el Censo 2010, unas 15.600 unidades son de este tipo que, según un relevamiento de la organización Techo, están ubicados en 63 asentamientos informales, llamadas popularmente Tomas, donde vive el 10% de la población provincial.

Los datos aportados por este relevamiento demuestran la penosa situación en la que viven las familias neuquinas en las Tomas: el 93.7% no cuenta con conexión formal a la red de agua corriente; 85.7% disponen de una conexión irregular de agua. En la totalidad de los casos no cuentan con el servicio de cloacas. El 85.7% de los hogares no cuenta con la instalación del servicio eléctrico de forma segura y con tensión normal.

De los datos, el más paradójico es que en la provincia de Vaca Muerta, donde se produce la mitad del gas natural del país, por lo menos 21.000 hogares utilizan garrafas y otros 2000 hogares más utilizan leña representando un alto costo en el presupuesto familiar ya que una garrafa de 10 kg no baja de 500 pesos y un bin de leña (300 kg) por lo menos 1000 pesos. Muchos se encuentran a escasos kilómetros de los mayores yacimientos de gas del país.

Se necesita un plan de obras públicas para la construcción de viviendas

Casi treinta años de esta situación generó un déficit de 70.000 viviendas en la provincia, para lo cual urge poner en pie un plan de obras públicas.

De todo lo anterior surge que es necesaria la construcción de 70.000 unidades de calidad termoaislante (por las condiciones climáticas de la región), en lugares geomorfológicamente aptos para tal fin y con las obras anexas.

Este plan de obras públicas que podría llevarse a cabo en un plazo de cinco años implicaría una inversión de unos 140.000 millones de pesos en total y 28.000 millones de pesos por año.

Generaría 14.000 puestos de trabajo directo y 17.000 en forma indirecta con sueldos acorde a la canasta familiar que es una de la más alta del país, cuando la cantidad de personas pobres aumentó, según el INDEC hasta el 27,1% de la población y la tasa de desocupación y subocupación es del 12% equivalente a los puestos de trabajo que implicaría este plan.

En la provincia de Vaca Muerta, donde las empresas petroleras facturan más de 300 mil millones de pesos anualmente, un plan de tal envergadura implicaría sólo una fracción (un 10%) de lo que se llevan las empresas.

Dar impulso a las gestiones obreras

En el contexto de crisis que están sufriendo las empresas recuperadas dedicadas a la producción de cerámicos por la disminución de demanda y falta de renovación tecnológica este plan de obra pública vendría a ser un gran auxilio al necesitar 1.000.000 m2 de pisos y revestimientos y 20 millones de ladrillos huecos que las empresas bajo gestión obrera están en condiciones de proveer. Para las fábricas bajo gestión obrera representaría una venta de 750 millones de pesos, que sería un gran auxilio económico para el funcionamiento y encarar la ansiada renovación tecnológica, garantizando así los 400 puestos de trabajo que en el contexto de crisis, inflación y desocupación.

El diputado Raul Godoy presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para que se construyan las 70.000 viviendas necesarias. Sin embargo fue rápidamente rechazado por Cambiemos y el Movimiento Popular Neuquino.

Macri y Gutiérrez que le van a garantizar no sólo fabulosas ganancias a las empresas petroleras sino también descomunales subsidios por 20.000 millones de pesos, son los que defienden los tarifazos, la devaluación del peso, el Pacto Fiscal y los planes de ajuste propuesto por el FMI.

Mientras el MPN se vanagloria que todos los días llegan nuevas familias a instalarse en Neuquén en busca de un futuro, oculta cuidadosamente que las condiciones de vida se deterioran día a día y que la falta de viviendas es un indicador irrefutable de la pobreza en que viven miles de familias.

Por este motivo, el reclamo de un plan de obras públicas para la construcción de viviendas debe ser tomado por todas las organizaciones sociales, políticas y gremiales, junto con la defensa de las gestiones obreras ceramistas. En la provincia de Vaca Muerta, hay recursos y es necesario ponerlos al servicio de las necesidades populares y no de las ganancias de un puñado de multinacionales petroleras.