Una vacuna contra la fiebre miserable

Una vacuna contra la fiebre miserable

La dinámica de la emergencia sanitaria que nos trajo la pandemia del Coronavirus COVID-19 ha requerido el dictado de una frondosa “normativa especial para la crisis” que recorre aspectos sociales, presupuestarios, sanitarios, educativos, económicos, laborales, impositivos y productivos.

Por: Oscar Cuartango y Raúl Ferrara.

Todos, con algunas destacadas excepciones, asumimos que la mejor vacuna en materia sanitaria es la responsabilidad social y el acatamiento de las pautas de distanciamiento y aislamiento social que fijo el gobierno.

Ahora bien, ¿es esa “vacuna social” suficiente contra la fiebre miserable de esos sectores que recurren a las herramientas de la ortodoxia del mercado para mantener sus ganancias? Evidentemente la ausencia del sentido patriótico y de responsabilidad social de esos actores requiere vacunas más categóricas por parte del estado.

No hace falta ampliar las referencias del reciente caso Techint y los 1500 despidos que actuaron como mascarón de proa para avanzar con medidas disciplinadoras aprovechando la emergencia sanitaria. Lo hicieron antes con un proyecto económico y político que lo avalaba… lo quieren hacer ahora bajo la excusa del ataque de un enemigo invisible. Afortunadamente, el gobierno ha tomado cartas en el asunto con una conciliación obligatoria que retrotrae los despidos y, estamos convencidos, continuará ejerciendo ese rol para evitar la propagación del virus de “los miserables”.

El riesgo de propagación de ese virus es cierto y es grave. La economía ya está sintiendo los efectos del Coronavirus y de “los miserables” y para contrarrestarlos hace falta un Estado que, en materia de producción y relaciones laborales, adopte medidas tendientes a la preservación de los puestos de trabajo, garantizando un nivel de ingresos de los sectores asalariados que no destruya el consumo, pero sin asfixiar a los empleadores, sobre todo al sector PYME que es el que sostiene mas del 70% de los puestos de trabajo.

Ese camino debería transitarse entonces sobre tres ejes: PRESERVAR EL EMPLEO, SOSTENER EL CONSUMO, ASISTIR A LAS PYMES y sobre esos ejes deberían transitar las líneas de acción del gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria…. y la de “los miserables”.

Del mismo modo que apenas asumido el gobierno estableció un régimen de indemnización agravado (“la doble indemnización”) en un escenario de desempleo de dos dígitos heredado, consideramos conveniente el dictado de medidas que impidan (mientras dure el aislamiento obligatorio) la aplicación de “despidos por fuerza mayor” que no solo escapan de la “doble indemnización” sino que contempla indemnizaciones reducidas (art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo). El instituto fue pensado para crisis personales o, a lo sumo sectoriales, y no para una emergencia sanitaria que ha golpeado a toda la humanidad. La pretendida aplicación de ese instituto en esta dramática situación atenta contra el espíritu de la norma y si bien no es descartable su declaración de inconstitucionalidad (en este contexto), seria preferible una legislación expresa.

Como decía Raul Scalabrini Ortiz: “Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. El tiene su propia ley, que es su propia fuerza”.

Por otro lado, sostener el consumo requiere mantener en la mayor medida posible el nivel de ingresos de los trabajadores que son quienes en definitiva no especulan y vuelcan esos ingresos al mercado manteniendo en movimiento la rueda de la economía. El gran desafío es lograrlo en momentos en los que una economía ya golpeada es impactada de frente por la pandemia y por las indispensables medidas de aislamiento que, sin dudas, agravan el cuadro.

La imprescindible presencia del Estado debería transitar por algunos remedios conocidos, adaptados al vértigo que imponen las circunstancias. El veterano, pero inoxidable, programa REPRO en el que el Estado completa parte del salario de los trabajadores, con la doble función de garantizar salarios y consumo y asistir a las PYMES, debería fortalecerse no solo con recursos presupuestarios adicionales sino con mecanismos objetivos de segmentación (por ej. actividad, cantidad de trabajadores, facturación, masa salarial) que atiendan en forma adecuada a la heterogénea matriz empresaria.

Tampoco parece razonable que el acceso a estos recursos quede sujeto a un trámite administrativo que demore meses como el actualmente vigente. La urgencia requiere que la soluciones lleguen cuando se necesitan y para ello, la autoridad de aplicación deberá extremar los recaudos para que así sea.

De igual modo, debería contemplarse la posibilidad de una reducción temporal de las Contribuciones Patronales o incluso otorgar carácter no remuneratorio a las sumas que perciban los trabajadores, para alivianar la presión sobre el sector empleador sin afectar el ingreso de bolsillo de los trabajadores.

Las alternativas podrían extenderse a nuevos programas, variantes simplificadas de los ya existentes, o combinaciones de ambas, pero que deberían prever necesariamente la prohibición de despedir al personal sin causa o invocando la causal de fuerza mayor. Incluso podría exigirse la reincorporación del personal despedido en forma reciente para ingresar a estos programas. Obviamente también deberían establecerse requisitos sustanciales para evitar la clásica picardía criolla de “los miserables”. Para ello, los destinatarios deberían relacionarse objetivamente con actividades económicas afectadas en forma crítica o que tengan personal enfermo de COVID-19 o aislado o dispensado de prestar tareas o que puedan demostrar el impacto negativo sobre su giro comercial que produjo la cuarentena.

Por último, como ya hemos dicho en otras publicaciones, la ampliación del seguro de desempleo tanto en su extensión temporal como en material es una herramienta necesaria pero paliativa, pues implica el fracaso o la imposibilidad en el cumplimiento de los tres ejes a los que aludimos en los párrafos anteriores.

Mas allá de estas alternativas y de las que, seguramente, irán surgiendo del ejercicio de una creativa negociación colectiva propia de estos tiempos de emergencia, lo que queda claro es que el estado y sus instituciones son quienes tienen la vacuna contra la fiebre de “los miserables” oportunistas.

* Oscar Cuartango es abogado laboralista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)

* Raúl Ferrara es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Transporte y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Docente en Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ

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